Quisiera hacer un comentario acerca de esta historia inmediata y las enseñanzas que nos da la historia sobre las armas y su compra para romper un equilibrio, con esto quiero decir primero que a pesar de la situacion de prosperidad que lleva el pais chileno,no creo que esta tal que permita la compra de armamento tan sofisticado sin tomar en cuenta las necesidades sociales que se tiene en su pais.  Ademas quiero recalcar la inexistencia de problemas limitrofes serios en la region para crear un carrera armamentista en la region u otras intenciones ya que nadie compra refrigeradoras en el artico, y con esto demostrar que si la historia es la maestravida es necesario tomar en cuenta las lecciones que esta nos da sobre las carreras armamentistas.

Marco Antonio Pando Martinez
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

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[Nota: mensaje enviado por Jorge Maíz Chacón, UNED – Centro Asociado Illes Balears]

Campaña contra la investigación militar
https://www.noalainvestigacionmilitar.org/manifiesto_ppgg_2005.htm

Manifesto

«Por una I+D civil,
desmilitaricemos los presupuestos»

Los gastos en Investigación y Desarrollo (I+D) previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2005, ascienden a 4.974,24 millones de €. El 54,3% de este montante, 2.704,82 millones de € (un 19% más que en 2004), corresponde a créditos a
empresas (gatos financieros). Se calcula que sólo entre el 0 y el 50% de este dinero se destina realmente a I+D.

Así, el total de gastos no financieros presupuestado para I+D del 2005 apenas ha aumentado un 6,3%, pasando de 2.132,59 millones de € en 2004 a 2.267 millones de € en 2005. De estos, el programa de Investigación Científica, gestionado por el Ministerio de Educación
y Ciencia, fuente principal de financiación pública del CSIC y las Universidades, recibe únicamente 494,4 millones de €, el 9,9% del total de gastos de I+D.La cantidad asignada explícitamente en estos presupuestos a I+D militar, se eleva a 1.330 millones de €. De este montante, 315,69 millones € están contabilizados en el Ministerio de Defensa y 1.014,61 en el de Industria, Turismo y Comercio como “Apoyo a la Innovación Tecnológica”. Es decir, el 26,7% -como mínimo- de los fondos públicos para I+D irán a parar a I+D militar. Estos gastos triplican el presupuesto de Investigación Científica, quintuplican el de Investigación Sanitaria, son 22 veces superiores al de
Investigación Agraria y más de 31 veces superiores al de Investigación Oceanográfica y Pesquera.Los PGE para 2005 no cambian la tendencia de militarización de la ciencia que se ha producido en el Estado español los últimos años. En porcentaje del PIB, España es el segundo estado desarrollado que más invierte en I+D militar después de EEUU.

A la vista de estos datos,

MANIFESTAMOS

Nuestro desacuerdo con el gasto público para I+D, reflejado en los PGE de 2005, ya que:

* Buena parte del incremento en I+D se debe a los fondos para gastos financieros. De hecho, el 75% del aumento para 2005 corresponde a créditos a empresas.

* Contabiliza como presupuesto de I+D los gastos militares de fabricación de armamento. De hecho, cinco empresas dedicadas total o parcialmente a esa finalidad (EADS-CASA, IZAR, ITP, SENER y Santa Bárbara Sistemas) recibirán más del doble de los fondos
destinados a I+D para el CSIC y las Universidades.

* Refleja, en suma, unos PGE continuistas que siguen ignorando la situación de la investigación en el Estado español y la necesidad de realizar un cambio profundo para fomentar una I+D pública de calidad al servicio de la sociedad que la sustenta.

Y por ello,

SOLICITAMOS

* Al Gobierno, que modifique los PGE orientándolos en la dirección de sus anteriores críticas desde la oposición y de sus compromisos electorales: transparencia (segregar los gastos de I+D de los gastos militares), apoyo a la investigación (incrementando los fondos no financieros) y desmilitarización de la I+D (transferencia gradual del gasto en I+D militar hacia la I+D civil).

* A todas las fuerzas políticas, que lleven al debate parlamentario de los PGE estos planteamientos, que reflejan el compromiso de la comunidad científica con la finalidad social de su trabajo; así como la opinión de la ciudadanía que, varias veces, ha expresado su apuesta por la paz, alejada de intereses armamentistas y militaristas.