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HISTORIA A DEBATE

 

 

Mesa H

 

 

Cristina Segura Graiño. A.C. Al-Mudayna. Universidad Complutense de Madrid

 

 

 

Los estudios universitarios de Historia en España están orientados a la formación de investigadores más que de docentes. Para las enseñanzas medias los actuales planes de estudio manifiestan unas importantes carencias que los recién licenciados tienen que suplir con su esfuerzo a la hora de enfrentarse con unas oposiciones. La preparación que se intenta dar está dirigida a concluir los estudios de doctorado y emprender una tesis de licenciatura o de doctorado. La falta de empleo favorece esta situación pues prolonga la estancia en la Universidad unos años más. Pero, en la mayor parte de los casos esta prolongación no abre nuevas expectativas profesionales y nos encontramos con doctores/as en paro o trabajando, por ejemplo, en agencias de viajes. Esto supone un costo para la economía nacional y, sobre todo, una frustración para las personas que se encuentran en esta circunstancia, que son reconocidas a nivel científico pero que no consiguen una promoción profesional acorde con su preparación, en la mayoría de los casos.

Para intentar paliar este grave problema podrían arbitrarse algunas soluciones que, desde mi punto de vista, deben ir en una doble dirección. Por una parte un replanteamiento de la política de becas y, por otra, introducir modificaciones en la carrera docente.

Con respecto a las becas de formación del personal investigador, provengan de una institución o de otra, debían modificarse los baremos para su concesión. Actualmente el expediente académico es decisorio y no siempre los/as alumnos/as con mejores notas son los más dotados para la investigación. Descuidos de primero de carrera tienen luego un grave costo. El profesorado, por su parte, debería ser más riguroso en la evaluación de los conocimientos del alumno y tener presente que las notas concedidas son las que conforman los futuros curricula que entrarán en competencia. Los baremos de becas deberían ser elaborados por expertos y, con leves matizaciones, ser universales. Es decir que ante cualquier beca, MEC, Comunidades Autónomas, Instituciones privadas, etc. hubiera las mismas exigencias. Además, debía de haber un seguimiento cuidadoso de los resultados de las becas para evitar despilfarros. Cada beca debe tener como resultado una tesis doctoral, cosa que no siempre pasa. Sería necesario crear una conciencia clara de la finalidad investigadora de la beca. Ésta es y debe ser, como su propia denominación dice, una inversión en formación de personal investigador y profesorado universitario. Lamentablemente, a veces se convierte en un simple medio de vida para los recién licenciados mientras encuentran otro trabajo, ajeno en muchas ocasiones a su propia formación.

El fin de las becas de formación investigadora y la lectura de la tesis doctoral abriría la puerta a las becas postdoctorales que estarían orientadas a la formación del profesorado universitario y del personal investigador de otros centros. Estas becas, que se concederían también atendiendo a unos baremos de características semejantes a los anteriores, darían paso a la entrada en la Universidad como profesores/as ayudantes.

El acceso al profesorado universitario se haría por un concurso de méritos con un baremo elaborado por una comisión de expertos y, respetando la autonomía universitaria, semejante en todas las universidades. En él se primaría el haber disfrutado de las dos becas anteriores y haber desarrollado con suficiencia la labor investigadora. La aplicación de este baremo no la haría el departamento al que se adscribía la plaza sino una comisión de la Universidad.

El acceso a las categorías de profesor/a Titular y a catedrático/a se produciría de forma automática al conseguirse un número determinado de quinquenios de docencia y de investigación.

El cumplimiento estricto de la LRU en lo referente al número de alumnos/as por grupo y a las actividades docentes complementarias supondría un importante incremento en las necesidades de profesorado. A ello habría que unir la implantación de la jubilación a los 65 años y el acceso a partir de los 60 a una situación de "actividad reducida", en la que el profesorado se dedicara a la dirección de tesis y a impartir cursos de doctorado.

Todo esto podría acompañarse de una dinamización de los Institutos Universitarios como centros de investigación y de la creación de figuras de personal investigador adscritos a las universidades.