Imprimir
Mesa I

Mesa I

Cristina Segura Graiño. A.C. Al-Mudayna. Universidad Complutense de Madrid

 

Los estudios universitarios de Historia en España están orientados a la formación

de investigadores más que de docentes. Para las enseñanzas medias los actuales planes de

estudio manifiestan unas importantes carencias que los recién licenciados tienen que

suplir con su esfuerzo a la hora de enfrentarse con unas oposiciones. La preparación que

se intenta dar está dirigida a concluir los estudios de doctorado y emprender una tesis de

licenciatura o de doctorado. La falta de empleo favorece esta situación pues prolonga la

estancia en la Universidad unos años más Pero, en la mayor parte de los casos esta

prolongación no abre nuevas expectativas profesionales y nos encontramos con

doctores/as en paro o trabajando, por ejemplo, en agencias de viajes. Esto supone un

costo para la economía nacional y, sobre todo, una frustración para las personas que se

encuentran en esta circunstancia, que son reconocidas a nivel científico pero que no

consiguen una promoción profesional acorde con su preparación, en la mayoría de los

casos.

Para intentar paliar este grave problema podrían arbitrarse algunas soluciones

que, desde mi punto de vista, deben ir en una doble dirección. Por una parte un

replanteamiento de la política de becas y, por otra, introducir modificaciones en la

carrera docente.

Con respecto a las becas de formación del personal investigador, provengan de

una institución o de otra, debían modificarse los baremos para su concesión. Actualmente

el expediente académico es decisorio y no siempre los/as alumnos/as con mejores notas

son los más dotados para la investigación. Descuidos de primero de carrera tienen luego

un grave costo. El profesorado, por su parte, debería ser más riguroso en la evaluación

de ]os conocimientos del alumno y tener presente que las notas concedidas son las que

conforman los futuros curricula que entrarán en competencia. Los baremos de becas

deberían ser elaborados por expertos y, con leves matizaciones, ser universales. Es decir

que ante cualquier beca, MEC, Comunidades Autónomas, 1nstituciones privadas, etc.

hubiera las mismas exigencias. Además, debía de haber un seguimiento cuidadoso de los

resultados de las becas para evitar despilfarros. Cada beca debe tener como resultado una

tesis doctoral, cosa que no siempre pasa. Sería necesario crear una conciencia clara de la

finalidad investigadora de la beca. Ésta es y debe ser, como su propia denominación dice,

una inversión en formación de personal investigador y profesorado universitario.

Lamentablemente, a veces se convierte en un simple medio de vida para los recién

licenciados mientras encuentran otro trabajo, ajeno en muchas ocasiones a su propia

formación.

El fin de las becas de formación investigadora y la lectura de la tesis doctoral

abriría la puerta a las becas postdoctorales que estarían orientadas a la formación del

profesorado universitario y del personal investigador de otros centros. Estas becas, que

se concederían también atendiendo a unos baremos de características semejantes a los

anteriores, darían paso a la entrada en la Universidad como profesores/as ayudantes.

El acceso al profesorado universitario se haría por un concurso de méritos con un

baremo elaborado por una comisión de expertos y, respetando la autonomía

universitaria, semejante en todas las universidades. En él se primaría el haber disfrutado

de las dos becas anteriores y haber desarrollado con suficiencia la labor investigadora La

aplicación de este baremo no la haría el departamento al que se adscribía la plaza sino

una comisión de la Universidad.

El acceso a las categorías de profesor/a Titular y a catedrático/a se produciría de

forma automática al conseguirse un número determinado de quinquenios de docencia y

de investigación.

El cumplimiento estricto de la LRU en lo referente al número de alumnos/as por

grupo y a las actividades docentes complementarias supondría un importante incremento

en las necesidades de profesorado. A ello habría que unir la implantación de la jubilación

a los 65 años y el acceso a partir de los 60 a una situación de "actividad reducida", en la

que el profesorado se dedicara a la dirección de tesis y a impartir cursos de doctorado.

Todo esto podría acompañarse de una dinamización de los Institutos

Universitarios como centros de investigación y de la creación de figuras de personal

investigador adscritos a las universidades.