Historia Inmediata


Chávez


Estimados colegas de HAD:
 
Les remito copia del acuerdo que hemos aprobado recientemente los profesores universitarios, reunidos en asamblea convocada por la Asociación de profesores de la ULA (APULA). Sería conveniente publicarlo en la página de debates sobre la situación venezolana para que se conozca nuestra posición ante la “propuesta de reforma” por parte del Presidente de la República.
 
Gracias, Luz Varela
Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes
 
Los profesores de la Universidad de los Andes, reunidos en Asamblea General, hacemos del conocimiento público las siguientes consideraciones sobre el proyecto de Reforma Constitucional presentado recientemente al país :
 
1.      Los cambios propuestos por el Presidente de la República y los añadidos por la Asamblea Nacional, contienen una modificación normativa que implica transformar radicalmente al Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico; para ello, se requería ineludiblemente la convocatoria y elección de una Asamblea Nacional Constituyente conforme al artículo 347 de la Constitución. Tal modificación no puede hacerse mediante una "reforma constitucional".
 
2.      Toda Constitución democrática es un pacto social producto de un acuerdo nacional. La Constitución debe ser integradora y no la expresión de una parcialidad. Tampoco puede consagrar una ideología en particular porque se encuentra obligada a promover y respetar la pluralidad política, la tolerancia y la participación real en el proceso de su elaboración. Al imponer un modelo ideológico político, la Constitución se torna excluyente y parcializada.
 
3.      La llamada "geometría del poder" es antidemocrática y regresiva, puesto que prescinde del voto como instrumento de selección de los funcionarios de los ámbitos estadales y locales. Por ello, dicho principio atenta contra los gobernadores y alcaldes legítimamente electos, al convertirlos en funcionarios inocuos subordinados a la voluntad absoluta del Presidente de la República.
 
4.      La propuesta de Reforma Constitucional niega el ejercicio de los derechos fundamentales, no sujetos a modificación alguna porque se apoyan en principios universales irrenunciables. Se plantea la degradación constitucional del derecho de propiedad privada individual, contenida en el texto del artículo 115; lo restringe indebidamente y lo coloca en un nivel inferior al reconocido por las declaraciones universales e interamericanas de derechos humanos contenidas en tratados multilaterales que obligan al país.
 
5.      La autonomía universitaria está legal y existencialmente vinculada al ejercicio de la libertad y del pluralismo y, precisamente por ello, la Universidad no puede ser un instrumento al servicio de ideologías sectarias y excluyentes.
 
6.      Instaurar un sistema de reelección indefinida del Presidente de la República atenta contra el principio de la alternabilidad democrática en el poder, piedra angular de la libertad política y de nuestra constitución republicana, consagrado en el artículo 6 de la Constitución vigente.
 
7.      La propuesta de Reforma Constitucional modifica el régimen de los estados de excepción previsto en los artículos 337 al 339 de la carta fundamental, al eliminar el derecho a ser informado, al debido proceso y los demás derechos humanos intangibles del listado de derechos o garantías no susceptibles de restricción o suspensión cuando se dicte un estado de excepción. Asimismo se elimina el control judicial ejercido por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el decreto presidencial que acuerde el estado de excepción y se elimina la temporalidad que debe tener el mismo, violentando de esta forma derechos humanos fundamentales.
 
Por todo lo anteriormente señalado, esta Asamblea acuerda:
 
1.      Rechazar el proyecto de reforma constitucional presentado por el Presidente de la República y la Asamblea Nacional.
 
2.      Promover un proceso de discusión crítica y abierta del proyecto de reforma constitucional, porque estamos seguro que el pueblo venezolano al conocer sus términos lo rechazará contundentemente.
 
3.      Destacar la necesidad de revertir el clima de violencia y represión contra la expresión libre del pensamiento. De allí, la urgencia de acabar con los brotes de violencia y vandalismo usados políticamente en contra de quienes difieren de la propuesta presidencial.
 
4.      Expresar resueltamente nuestra solidaridad con el movimiento estudiantil venezolano, especialmente con nuestros estudiantes merideños y apoyar sus acciones de protesta cívica. Al mismo tiempo, denunciamos la pretensión de asociar estas protestas con planes desestabilizadores y reiteramos el carácter crítico y no cuartelario derivado de la formación civil y académica de nuestros estudiantes. Ellos sólo reclaman su derecho a vivir en libertad y democracia.

5.      Rechazar las declaraciones públicas emitidas por los Ministros Luis Acuña y Pedro Carreño por descalificar tendenciosamente al movimiento estudiantil y a las autoridades universitarias.

6.      Consignar un voto de confianza a nuestra dirección gremial al tiempo que se le instruye para que organice un conjunto de acciones en apoyo al derecho de vivir en libertad y a cerrar filas alrededor de de la defensa de la autonomía universitaria.

7.      Instar a nuestros agremiados a que discutan este documento y el contenido de la reforma propuesta con sus estudiantes.

8.      Exhortar a las autoridades universitarias a mantener abierta la Universidad con todos los servicios estudiantiles funcionando para que siga cumpliendo su altísima misión.

9.      Responsabilizar al gobierno nacional por los actos de violencia y los daños personales y materiales que puedan ocurrir como consecuencia de la actuación de los grupos violentos y paramilitares amparados desde el poder.
 
10. Convocar a los gremios que hacen vida en la universidad y en la ciudad de Mérida y a toda la sociedad civil a los fines de constituir un bloque de defensa de las libertades democráticas.
 
Finalmente, exigimos el estricto respeto de nuestros derechos civiles consagrados en el Capítulo III de la Constitución Nacional, específicamente los Artículos 46, 53 55, 57, 58, 60 y 61, así como el Artículo 68 referido a nuestros derechos políticos.
 
A continuación, anexo el texto de los artículos mencionados:
 
Capítulo III De los Derechos Civiles Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado es especialmente responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
 
Artículo 45. Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores intelectuales y materiales, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo serán sancionados de conformidad con ley.
 
Artículo 53. Todos tienen derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley.
 
Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que afecten o comprendan una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de los individuos, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de respetar la dignidad y derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte de los funcionarios policiales y de seguridad estará limitado por los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad conforme a la ley.
 
Artículo 57. Todos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad. Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Todos tienen derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de esta Constitución, así como a la réplica y a la rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.
 
Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 61. Todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte la personalidad o constituya delito. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de las leyes o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.
 
Artículo 68. Los ciudadanos tienen el derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público