Historia Inmediata


Chávez


Prof. Carlos Barros

Algunos colegas me han sugerido que le enviara a usted, para ser publicado en la página de Historia-Debate, la respuesta que le dimos al Prof. Jorge Dávila, quien intenta prohibirle al Consejo Universitario que emita comunicados. El escrito de dicho profesor se incluye al final del texto nuestro. Como podrá usted inferir de la lectura, dentro de la misma Universidad tenemos gente dispuesta a callar a la Universidad y a volverla genuflexa ante la dictadura del teniente Chávez.

Agradeciendo su atención, se suscribe de usted muy cordialmente,

Prof. Margarita Belandria
Profesora de Lógica y Filosofía del Derecho
Universidad de Los Andes. Mérida - Venezuela

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ACERCA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO Y SUS COMUNICADOS

Andrés Suzzarini y Margarita Belandria

Con el título «El Consejo Universitario no debe emitir comunicados», el profesor Jorge Dávila ha leído una breve ponencia ante el mismo Consejo Universitario de la Universidad de los Andes en la cual se permite prescribirle lo que proclama en el título. El comunicado que provocó la señalada prohibición del ponente contenía una toma de posición frente a las recientes actuaciones de los nuevos jerarcas que hoy ponen en práctica con mayor eficacia y precisión los mismo vicios de anteriores regímenes y otros que ya se habían logrado enterrar.

Pero, en cualquier caso, nos parece alarmante que cualquier persona en cualquier circunstancia o lugar se permita siquiera recomendar que otra persona o institución se abstenga de emitir opinión sobre cualquier tema que juzgue conveniente dentro del marco de ley. Pretende el ponente fundamentar su celo restrictivo en lo que él considera una evidente incompatibilidad entre la atribución -que él califica de "fundamental"- otorgada por la Ley de Universidades al Consejo Universitario de «coordinar las laboras de enseñanza y las de investigación» y la actividad de "elaborar comunicados o remitidos".

Con abundantes y reiterativos argumentos que se pretende hacer pasar por razones -paseándonos por la ontología, las leyes terrenas y las leyes eternas, la filología, la semántica, la teología, la lógica, las más recientes teorías de la gerencia, la estética, la historia; recurriendo,

además, con peculiar criterio a la Ley de Universidades, al sentido común, a la Real Academia de la Lengua, al gusto colectivo, a las razones obvias y a la autoridad del divino Platón, y estando en el derecho legítimo de estar en acuerdo o desacuerdo con lo que le venga en gana y de manifestarlo como pueda y donde pueda-, se pretende restringir ese mismo derecho al resto de las personas e instituciones. Pero es justamente la misma Ley de Universidades la que pulveriza los argumentos del ponente, pues el numeral 20 del artículo 26 autoriza al Consejo Universitario a resolver todos los asuntos que no estén expresamente atribuidos a otros organismos o funcionarios. Y aunque la Ley guardara silencio al respecto, es un abuso pretender callar a los entes universitarios haciendo una interpretación aviesa de la propia ley que convierte a la Universidad en un ente rector del esclarecimiento de los problemas nacionales y el afianzamiento de los más altos valores humanos. De donde se infiere que el Consejo Universitario, como autoridad suprema de la Universidad, no sólo está facultado sino moral y legalmente obligado a pronunciarse de cualquier modo y por cualquier medio, más aún cuando los hechos han sido tan pródigos en demostrar que los valores que ella custodia están en gravísimo peligro.

Si nos preocupase simplemente la reivindicación de derechos garantizados por las leyes y la Constitución, debería bastar con recordar que, según leyes y Constitución, cualquier persona o cualquier institución están obligados por lo que les está prescrito, y autorizados a hacer libremente lo que no esté expresamente prohibido. Pero en realidad nos encontramos ante algo más difícil de tratar, de algo refractario tanto a las evidencias científicas como a la conveniencia de una vida pacífica entre prójimos y extraños. Se trata del descaro de una mentalidad totalitaria y represiva que sólo consiente lo que conviene y agrada a su personal antojo. Se trata del intento de imposición de un engendro ideológico, que -como todo lo ideológico-, es sumario y brutal, y se expresa holgadamente en la cartilla de uso del comisario político.

Quien tan libremente quiere privar a otros del derecho a expresarse libremente no sabemos si querrá para sí igual restricción. Los paraísos burocráticos, donde los "reformadores" han querido crear la felicidad pública por "decreto" y donde la infelicidad privada resulta una enfermedad tratable por los siquiatras, son pródigos en personajes que para darse el gusto de las privaciones ajenas pregonan ampulosamente el sacrificio de las privaciones propias. Y quieren vigilar personalmente que nadie se salga del carril de la felicidad que han trazado quienes, quién sabe por qué virtud, saben hacerlo. Porque creen que la felicidad consiste en que cada quien haga lo que le corresponde hacer por el "decreto", y están dispuestos a cumplir, como los demás, con su tarea como burócratas, desde su sillón de burócratas; como siquiatras, desde su sillón de siquiatras; como vigilantes, desde la puerta de su prisión; como sumisos, desde la misma complicidad de su silencio. Paraísos del gulag soviético, paraísos del campo de exterminio nazi, paraísos de las prisiones cubanas para disidentes...

Por nuestra parte, lo que más nos importa es la defensa de la libertad, o de las libertades, según se vea. Y entre ellas, la libertad de expresión

resulta la de más inmediata urgencia. Cuando reclamamos para el Consejo Universitario el respeto a su derecho a manifestarse públicamente sobre las materias que juzgue conveniente, no estamos practicando un simple acto de solidaridad. Estamos reclamando, para nosotros también, y también para quienes se manifiestan contra nuestro derecho, el derecho a la libre manifestación de las opiniones, por muy disímiles o desacordadas que ellas sean. El sistema democrático de gobierno, con sus imperfecciones conocidas y su incapacidad para dotarnos de una felicidad que no se propone, es sin embargo el único que puede hacer posible la pacífica y aun agradable convivencia de personas en perfecto desacuerdo sobre creencias y valores. Personas que entre sí pueden objetar las opiniones, pero que no pueden impedir a nadie el derecho a emitirlas. Mérida, 31 de marzo de 2004.

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El Consejo Universitario no debe emitir comunicados

Jorge Dávila

Quisiera defender la siguiente tesis si se sigue fielmente lo establecido en la Ley de Universidades, no hay razón para que el Consejo Universitario se ocupe de la elaboración y divulgación de comunicados o remitidos. La Ley prescribe como atribución fundamental del Consejo Universitario la de "coordinar las actividades académicas de la Universidad" y, con especial rigor, "coordinar las labores de enseñanza y las de investigación" (artículo 26, numeral l). Las demás atribuciones descritas en la Ley (en los numérales 2 al 20 del citado articule) se refieren, estrictamente, a procedimientos organizativos en relación con el funcionamiento de la institución. En otras palabras, todas las atribuciones del Consejo Universitario se supeditan a su atribución fundamental la de la coordinación de la actividad académica.

Y no puede ser de otro modo; la actividad académica es la esencia misma de la institución. La actividad académica no tiene otro norte diferente al de la "búsqueda de la verdad y el afianzamiento de los valores trascendentales del hombre", como bien reza el primer artículo de la Ley. El norte de la actividad académica no puede conseguirse, obviamente, sin la realización de dicha actividad. Son las unidades de docencia e investigación de ' la Universidad las que realizan esa actividad, no el Consejo Universitario. La coordinación de esa actividad es la mayor tarea y la mayor responsabilidad del Consejo Universitario. La actividad académica puede sostenerse aun sin coordinación del Consejo Universitario (los hechos en nuestra Universidad de Los Andes lo muestran); pero, también es verdad que la actividad académica practicada institucionalmente, sin coordinación, puede perder el norte que la guía, esencialmente porque un cúmulo de actividad dispersa atenta contra el orden de la institución y puede alimentar posibilidades destructivas desde el mismo interior del cuerpo universitario (lo que también muestran los hechos en nuestra Universidad de Los Andes).

Como puede intuirse fácilmente, la magna atribución del Consejo Universitario de coordinar la actividad académica es totalmente incompatible con algunas actividades que, erróneamente, se pudiera proponer ese Consejo. En particular, elaborar y divulgar comunicados o remitidos es una de ellas. Expliquemos por qué.

Es evidente que el Consejo Universitario, para dirigirse a cualquier órgano de la institución, a cualquiera de los miembros de la comunidad o a instituciones ajenas lo debe hacer a través de comunicaciones. Se entiende, en este caso, por comunicación un "papel escrito en que se comunica alguna cosa oficialmente" (v. gr., resoluciones, decretos, oficios, cartas, memoranda, etc.). Las comunicaciones son instrumentes indispensables en el cumplimiento de las atribuciones (la fundamental y las demás) del Consejo Universitario; es atribución del Secretario de la Universidad "publicar la Gaceta Universitaria" donde se informa "a la comunidad universitaria las resoluciones de los organismos directivos" (artículo 40 numeral 6). Esas comunicaciones es lo único que debe divulgar el Consejo Universitario. Otra cosa, muy distinta, es dirigirse al público en general.

Preguntemos ¿Tiene sentido que el Consejo Universitario se dirija al (gran) público?

Para responder afirmativamente, tendríamos que suponer que es del interés supremo del público -en su sentido trascendente, de nación, no de intereses particulares- conocer sobre la coordinación de la actividad académica que se planifica y se realiza en la institución universitaria. No es eso central para el gran público puesto que él entiende que hay un organismo responsable de tal coordinación, precisamente, el Consejo Universitario. Lo que si espera el gran público es la divulgación del fruto de la actividad académica. Pero, de acuerdo con lo que hemos mostrado anteriormente, si difundir el producto de la actividad académica (esencialmente la derivada de la labor investigativa científica y humanística) es atribución del Consejo Universitario, lo es, precisamente, por ser una de las cosas importantes que requiere coordinación. El Consejo Universitario coordina -no realiza- la divulgación de la actividad académica. Es claro, para quien está comprometido seriamente con la realización de la actividad académica en una unidad de docencia e investigación, que la divulgación de su producción no es armoniosa con la forma de comunicados o remitidos. Y siendo así, mal podría el Consejo Universitario elaborar semejante instrumento.

¿Por qué es así?

Un comunicado o un remitido es cosa que nada tiene que ver con difundir resultados de investigaciones científicas o humanísticas; un comunicado o un remitido es un instrumento para divulgar, para "poner al alcance del público una cosa"; pero, veamos que no cualquier cosa. Recordemos qué es cada uno de ellos. Se entiende por comunicado un "escrito que, en causa propia, y firmado por una o mas personas, se dirige a uno o varios periódicos para que lo publiquen"; se entiende por remitido un "artículo o noticia cuya publicación interesa a un particular y que a petición de éste se inserta en un periódico mediante pago". Como se ve, de acuerdo con estas definiciones del Diccionario de la Real Academia, lo que se propone en sendos instrumentos es la difusión de una "causa propia" o de un "interés particular". Podemos decir, rigurosamente hablando (con rigor científico o filosófico), que en un comunicado o en un remitido se expresan meras opiniones. Y sabemos muy bien que la opinión esta profundamente reñida con el norte de la actividad académica vale decir, todo el esfuerzo de la tarea académica es, ni mas ni menos, que la superación de la opinión. Eso es así desde las raíces mas ancestrales de la actividad académica en la misma

Academia primera, a saber, la de Platón. No es compatible con la actividad académica, ni con el norte que la inspira y al que se debe, la defensa de intereses particulares, de causas partidistas. Solo es compatible con la actividad académica la pretensión del saber universal y la vocación por los valores trascendentes al hombre.

En resumen, si el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, como cuerpo coordinador de la actividad académica de la Universidad, sigue sosteniendo la perversa costumbre instaurada hace tan pocos años de elaborar remitidos comunicados (por no repetir la expresión "pronunciamiento" cuyo significado es antípoda del ideal académico) continuará traicionando profundamente su atribución fundamental.

Mérida, 10 de marzo de 2004