Historia Inmediata


Chávez


Don Pedro caminó con serenidad frente a sus selectos invitados. Su aspecto maduro, su hablar pausado y sereno y el aura de “neocaudillo” que lo envolvía, después de haber protagonizado una extraordinaria gesta política, vista por una audiencia total, transmitía un mensaje inequívoco: este es el hombre de la transición y Chávez es historia. Esta imagen mediática de Don Pedro, y la Venezuela que se “veía” por las pantallas de las televisoras nacionales, nos decían, una y otra vez, que el asunto en cuestión había sido consumado. Casi podíamos oír a Chávez diciendo «Señor, a ti encomiendo mi espíritu».

Supongo que cualquier mente débil, expuesta a esta “realidad”, puede terminar por admitirla y convertirla, ingenuamente, en una hiperrealidad, es decir, asumir las imágenes de la TV venezolana como la realidad verdadera y tomar decisiones en base a ella. Así, supongo otra vez, que muchos de los que conformaban la distinguida audiencia de Don Pedro, se dejaron llevar por la corriente, y asumieron que su deber patriótico era, sin duda alguna, darle una mano, y ver cómo hacía para enderezar el rumbo de este barco que estaba a punto de naufragar. Sino fuera de esta manera, entonces habría que decir que quienes aceptaron cargos ministeriales y estamparon su rúbrica para “una nueva refundación” de la república son unos perfectos idiotas. Cosa que, en honor a la verdad, dudo mucho.

Don Pedro, con su rostro afable, su temple de empresario exitoso, y creyendo a todas estas que escribía una “gran página” de nuestra historia patria, degolló con exquisitos modales una Constitución que, por bolivariana que sea, fue votada tres veces por la sociedad venezolana (incluyendo la civil). Y, después, como un catador experto, con una serenidad envidiable, se despachó a veinticuatro gobernadores y un centenar de alcaldes, para terminar, como postre, con la Asamblea Nacional.

Pues bien, asumiendo el riesgo de que me califiquen de fascista o desquiciado, me atrevo a decir que la indignación por esta barbarie institucional no hubiera pasado de “chisme de salón” sino estuviera enmarcada por la mayúscula estupidez que cometió Don Pedro de ponerse a perseguir chavistas por todo el territorio nacional. Parecía que se había derrocado a un sangriento dictador y no a un presidente constitucional que, no sé por qué razón lo ignoraron, aún contaba con importante apoyo en la población y en la propia Fuerza Armada Nacional.

En fin, todos, incluyendo a quienes se vieron manejados por quienes dirigían la situación, pasaron por alto tres aspectos importantísimos: uno, la participación ciudadana; dos, la legitimidad blindada de la descentralización, y tres, que aquí nunca hemos sido “esclavos de la ley”, históricamente hablando.
Primero, y como ya lo mencioné, Don Pedro se olvidó de que así como él contaba con un importante respaldo de la sociedad, el mismo Chávez seguía siendo, en el corazón ­y en la volátil legalidad que él mismo estaba por desplumar­, el Presidente Constitucional. Por lo cual, la participación y movilización de los millares de simpatizantes del líder bolivariano era algo de esperarse, y a lo que había que darle una respuesta adecuada, incluso, dentro de la propia Fuerza Armada que no escapa a esta distribución proporcional de simpatías.

El segundo aspecto obviado, y aquí entran los casos, por ejemplo, del gobernador Manuel Rosales y del propio Rector de LUZ, Domingo Bracho, es el grado de legitimidad que han alcanzado las autoridades regionales electas por el pueblo. Esta realidad, así lo dije en 1998, hace que la estrategia política de un golpe de Estado sea mucho más complicada. Pues se trata, ahora de derrocar, al mismo tiempo, a gobernadores y alcaldes que, en muchos casos, no sólo cuenta con la legalidad directa de los votos de sus vecinos, sino que han sido relegitimados por sus obras. Por lo cual, la probable ilegitimidad del Presidente de la República no incide sobre la legitimidad de las autoridades regionales. Por el contrario, la estabilidad del gobierno central depende de su relación con los gobiernos regionales y municipales. Esta verdad, que ya es palpable, no fue considerada por quienes temieron por la salud de sus cargos.

Lamentable sí, porque refleja inmadurez política, pero tampoco legitima la aspiración de algunos chavistas recalcitrantes que anhelan pescar en río revuelto; ¿por qué?, pues pasemos al tercer aspecto.
Nunca, en nuestra historia republicana, hemos sido “esclavos de la ley”, menos si se trata de situaciones extremas, a menos que sirvan para resolver el asunto en términos políticos, como fue el caso del enjuiciamiento a Carlos Andrés Pérez.

Pero ésta es una verdad, dolorosa tal vez, que caracteriza nuestra vida republicana. Voy a citar, el archiconocido trabajo de Laureano Vallenilla Lanz, El gendarme necesario, donde encontramos un buen espejo para todo este enredo: «...Si se quiere emplear en él [Páez] el rigor de las leyes y no la política, pueden muy bien resultar las más funestas consecuencias... Si el Libertador, inspirándose en Santander y en los constitucionalistas, hubiese declarado a Páez ‘fuera de la ley’; si por sostener los preceptos abstractos de un código, que no era otra cosa que un plagio, una servil imitación de las instituciones democráticas de la Francia revolucionaria antes de la reacción thermidoriana; si prescindiendo de sus propias convicciones, se deja guiar por los falsos esclavos de la Constitución, los escasos restos de cultura salvados de la Guerra Magna habrían desaparecido en una lucha semejante a la de los años 13 y 14» (P. 167).

No se trata de ser modernos o pre-modernos, sino de entender que, lamentablemente éste es un problema político y no jurídico, por lo tanto la respuesta tiene que ser política. Lo contrario es tener ganas de complicar aún más las cosas y no llegar a ninguna solución, sino al caos mismo.

Recordemos que fue el propio Chávez, como buen caudillo militar, el que transgredió la ley en 1992 con el visto bueno de todos nosotros. Y jamás aceptamos que se le aplicara el rigor de las leyes, porque sino, el comandante bolivariano todavía estaría preso.

Por todo esto, me parece  absurdo que se esté pidiendo la cabeza del gobernador Rosales y del Rector Domingo Bracho. ¿Por qué intentar por esta vía lo que no se pudo por los votos? Quienes me conocen, saben que soy simpatizante del Presidente de la República Hugo Chávez Frías y que apoyé, y apoyo la obra del gobernador Manuel Rosales, hasta que me demuestren de forma distinta, por supuesto, que son culpables de algún otro delito. Así pues, insistir en lo anterior no es una estrategia política profesional, sino una necedad mayúscula, de lado y lado, claro está.
Norberto José Olivar
Universidad del Zulia
njolivar@hotmail.com