Historia Inmediata


Chávez


[Mensaje enviado por Germán Yépez, Universidad Central de Venezuela y Director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos, germany@cantv.net]

Caracas, 16 de abril de 2002

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

Atención Dr. César Gaviria
Secretario General

Nosotros, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, acudimos ante ustedes para hacer denuncia de los hechos acontecidos desde el pasado jueves 11 hasta el sábado 13 de abril de 2002, en los cuales consideramos se han violado algunos de los Derechos Humanos Fundamentales consagrados en La Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita en la Asamblea General de las Naciones Unidas (res. 217 A III del 10 de Dic. De 1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

El pasado 11 de abril, los sectores de oposición al gobierno venezolano, realizaron una marcha para respaldar el paro convocado por Fedecámaras y la CTV desde el 9 del mismo mes. La marcha partiría del Parque del Este y se dirigiría hacia la sede de PDVSA Chuao; pero los dirigentes, dentro de los cuales destacan los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Bandera Roja, Asociación Civil Queremos Elegir, Alianza Bravo Pueblo, COPEI y MAS pro, desviaron la ruta definida en primer momento, dirigiéndola hacia el Palacio de Miraflores, el lugar donde se congregaban grupos afectos al oficialismo. Ello suponía la confrontación entre dos sectores de la población radicalmente opuestos que, dadas las circunstancias, podrían recurrir a acciones violentas, cuestión que se vió el día enterior, cuando el sector opositor agredió a los simpatizantes del gobierno que se encontraban en las instalaciones de PDVSA ubicadas en Chuao.

Desde algunos medios de comunicación, dirigentes de los sectores opositores llamaron a la Fuerza Armada Nacional a solidarizarse con ellos, instando, pues, a la desestabilización del Estado venezolano y a la ruptura del orden constitucional.

La marcha opositora, toda vez que cambia su destino inicial, llega a las cercanías del Palacio de Miraflores por la Avenida Baralt. Encabezada por "la ballena y el rinoceronte" de la PM (a la orden del Alcalde Mayor), y seguida por un grupo de funcionarios de la misma policía y apoyada en primera línea por bandas armadas de Bandera Roja y Acción Democrática, ejerce violencia directa contra la concentración oficialista disparando desde la Avenida Baralt hacia la Avenida Urdaneta, lugar donde se concentraba esta última. Es importante destacar que, desde algunos edificios adyacentes al Palacio de Miraflores, se apostaban francotiradores dispuestos a asesinar a los presentes, francotiradores estos pertenecientes a la Policía Metropolitana.

Ante el estado de confusión, varios oficialistas desenfundaron armas de fuego y dispararon en defensa propia contra la policía y las bandas armadas. En medio de este escenario, los medios de comunicación transmitían una supuesta masacre del oficialismo y mostraban imágenes de los oficialistas disparando, escondidos en una pared. Los muertos yacían en el puente de la Avenida Urdaneta, evidenciándose que los disparos iban dirigidos, no hacia la marcha opositora, sino hacia la oficialista. Se ha identificado, posteriormente, que las víctimas fatales eran, en su mayoría, simpatizantes del gobierno.

En medio de este clima de tensión, el Presidente emite una cadena, con el fin de aplacar la situación conflictiva nacional (cerca de las 330 PM), emisión que rápidamente fue saboteada al interferir las señales de audio.

Cerca de las ocho de la noche, el canal oficialista (en transmisión) es tomado y desocupado por miembros de la Guardia Nacional, eliminando su transmisión hasta finales de la tarde del pasado sábado 13 de abril, luego de reinstaurarse nuevamente el orden constitucional.

En pocas horas, algunos miembros del alto mando militar, aprovechando el recurso mediático, retira su lealtad constitucional al Presidente de la República y, a altas horas de la noche, lo secuestra en el Palacio de Miraflores, anunciando, a través de todos los medios de comunicación, una falsa renuncia del mismo.

Para el 12 de abril, las leyes decretadas en el marco de la Ley Habilitante son derogadas y los distintos poderes legítimos y constitucionales (entiéndase Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría General de la República y Asamblea Nacional) destituidos sin ningún tipo de consulta popular y se nombra, también sin consulta, un nuevo gabinete ejecutivo (con poder constituyente) y un Presidente Interino, Pedro Carmona Estanga, violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Del mismo modo, se cambia el nombre del país y se suprime en su totalidad el tratado de mutua cooperación con Cuba.

El Cuerpo Científico de Investigaciones Criminalísticas y la Policía Metropolitana (a cargo del Alcalde Mayor Alfredo Peña), imputando sin pruebas, realizaron numerosos y sistemáticos allanamientos a ciudadanos integrantes del equipo del gobierno democráticamente electo. Desde este momento, la violación de Derechos Humanos está a la orden del día y se inicia la persecución a representantes del oficialismo sin importar el cargo, ni la inmunidad parlamentaria, según el caso y, no conformes con ello, comienzan también a perseguir a todo aquel que fuese sospechoso de simpatizar con el gobierno.

Estas acciones fueron realizadas delante de sus familias, sometiéndolos al escarnio público y violando los Derechos Humanos garantizados por la constitución vigente.

Esa misma noche, a pesar de que los medios seguían apoyando la dictadura, el sector simpatizante del gobierno democráticamente electo salió a las calles a manifestar su deseo de ver al presidente que cuatro años antes había elegido, manifestación que fue reprimida una vez más por las policías municipales de Baruta y Chacao junto a la Metropolitana y Polimiranda, quienes a las órdenes de Alfredo Peña (Alcalde Mayor), Enrique Mendoza (Gobernador del Edo. Miranda) Leopoldo López (Alcalde de Chacao) y Henrique Capriles (Alcalde de Baruta) salieron a reprimir estas acciones.

Denunciamos con carácter de urgencia las acciones realizadas por la "junta de transición" que ha usurpado el orden constitucional y el poder legítimo del gobierno nacional. Estas acciones las podemos resumir en las siguientes

 

-La actuación antidemocrática, en virtud de que muchas de las personas víctimas de los allanamientos fueron elegidas mayoritaria y democráticamente mediante sufragio universal, directo y secreto, como no lo han sido los que pretendieron ocupar los cargos del gobierno, desconociendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

-La actuación inconstitucional, en tanto que, suponiendo como cierta la hipótesis de que el Presidente Chávez hubiese renunciado a su cargo, la Constitución Nacional vigente prevé que ha de sustituirlo el Vicepresidente y, en última instancia, el Presidente de la Asamblea Nacional, cuestión que obviaron, instaurando un gobierno transitorio completamente ilegal e inconstitucional.

-La violación a las relaciones diplomáticas, al intentar irrumpir en la Embajada de Cuba, donde el gobierno transitorio, encabezado por Pedro Carmona, ejecutó cortes de los servicios básicos, para evitar que las autoridades del gobierno de Chávez pudiesen dirigirse a buscar refugio y asilo.

-La manifiesta censura de los medios de comunicación masiva, mostrando una postura parcializada respecto de los acontecimientos dados desde el pasado 9 de abril. Estos medios no dejaron a la parte oficialista dar su versión sobre los graves y lamentables sucesos acaecidos el pasado jueves 11 de abril. Además, para el día sábado 13 de abril, tales medios no transmitieron información acerca de lo que ocurría en el país para el momento; estas informaciones, sólo las pudo obtener la población venezolana a través de los medios de comunicación internacionales.

-El acto difamatorio, por parte de los medios de comunicación venezolanos, al acusar al gobierno por las quince muertes que resultaron de los enfrentamientos entre la marcha oficialista y la marcha opositora, existiendo pruebas concretas y testigos de que esas personas fueron asesinadas por francotiradores de la Policía Metropolitana. La imposibilidad de acceder a fuentes de información fidedignas y realmente veraces colocaron en situación de angustia y zozobra a la población venezolana.

-Cabe destacar que los medios de comunicación habían demostrado una total parcialidad a favor del sector opositor al gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, y no por casualidad, al instaurarse el gobierno transitorio fue nombrado un representante por los medios de comunicación.

Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, recurrimos a este organismo internacional para denunciar a los Señores

1. Pedro Carmona Estanga
2. Carlos Ortega
3. Alfredo Peña
4. Todos los miembros de la Junta de Gobierno de Transiciòn
5. Elías Santana
6. Baltazar Porras
7. Leopoldo López
8. Henrique Capriles
9. Enrique Mendoza
10. Generales y demàs Oficiales Insurrectos
11. Julio Borges
12. Liliana Hernandez
13. Carlos Hemoso
14. Carlos Melo
15. Felix Farias
16. Alfredo Ramos
17. Luis Miquilena
18. Dueños de los canales RCTV, VENEVISIÒN, TELEVEN, GLOBOVISIÒN, CMT, MERIDIANO TV y PUMA TV
19. Pablo Medina
20. Giuseppe Giannetto
21. Andrés Velásquez
22. Maki Arenas
23. Patricia Poleo
24. Rafael Poleo
25. César Miguel Rondón
26. Martha Colomina
27. José Domingo Blanco
28. Ibeyise Pacheco
29. Marianela Salazar
30. Mari Montes
31. Domingo Alberto Rangel
32. Guaicaipuro Lameda
33. Carlos Ocaríz
34. Leonardo Pizzani
35. Cipriano Heredia
36. Francisco Kiko Bautista
37. Vladimiro Mujica
38. Orlando Urdaneta
39. Fernando Ochoa Antich
40. Napoleón Bravo
41. Ángela Zago
42. Gabriel Puerta
43. Rafael Marín
44. Ricardo Koesling
45. Jesús Hermoso, entre otros nombres que se develarán a medida que avancen sus averiguaciones.Los artículos violados por estos presuntos conspiradores son

DECLARACION UNIVERSAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

1, 2,3, 5, 9, 11, 12, 14, 21 Num.3.

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA"

1, 4 Lit 1, 5 Lit.1 y 2, 7 Lit 1,2 y 3, 11 Lit. 1, 2 y 3, 13 Lit. 5, 29 Lit. a, b, c, d.

CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

2, 3, 19, 22, 23, 44 Lit. 1 y 2, 45, 46 Lit. 1 y 2, 47, 57, 58, 60, 68, 70, 130, 131, 132, 233, 234, 328, 341 Lit. 1, 2, 3, 4 y 5, 342, 343, 347, 348.

Solicitamos, se investigue a todas estas personas por los hechos que constituyen delitos y/o violaciones a los Derechos Humanos.