Historia a Debate


HaD con Dionisio Pereira

 

Amigos y amigas de HaD:

Hoy iniciamos una nueva campaña e importante de Academia Solidaria con el historiador Dionisio Pereira, acosado judicialmente por los herederos del jefe de la Falange de Cerdedo (Pontevedra), cuyo nombre ha sido señalado por testigos directos como ejecutor de la represión contra personas de ideas de izquierda y democráticas durante la guerra civil y el franquismo.

El problema es, en realidad, el mismo que en el caso de Raúl Dargoltz (Argentina), Carlos Demasi (Uruguay) y de otras campañas que hemos hecho como red internacional de historiadores solidarios: se quiere "matar al mensajero", se quiere amordazar al historiador profesional, se quieren coartar en suma nuestras libertades de investigación y expresión. Sólo que ahora nos toca más de cerca, en Galicia, España, desde donde coordinamos la red académica HaD.

El caso de Dionisio Pereira, historiador reconocido del anarquismo gallego y miembro activo del Consejo de la Memoria de la Xunta de Galicia, es solamente la punta de iceberg. Se esté produciendo una represión silenciosa contra colegas que investigan la represión local, que puede incrementarse en el futuro con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, lamentablemente retrasada por razones políticas, si no se resuelve el problema del vacío actualmente existente en cuanto a protección legal de los investigadores.

La alta jurisprudencia existente es clara en la defensa de las libertades del historiador que investiga la guerra y la dictadura, pero, en contradicción con lo anterior, insiste en que hay que analizar "caso por caso", lo que, sabedores todos de la pluralidad política de judicatura española, anima la táctica de algunos descendientes de ejecutores de asesinatos de amedrantar a los investigadores para que no salgan en los libros de historia los nombres de sus familiares, instaurando en la práctica, con el presunto apoyo de un sector de la judicatura y la pasividad de las autoridades, una censura historiográfica incompatible con la Constitución española de 1978. Algo que ya se intentó en el primer borrador de la Ley de Memoria Histórica donde existía un apartado indecente -después, por fortuna, eliminado- que obligaba a los responsables de los archivos públicos a tapar los nombres de los represores -por lo regular, ya fallecidos- en los documentos que se facilitasen a los historiadores.

OS CONVOCAMOS, PUES, A UNIR VUESTROS NOMBRES AL DOCUMENTO QUE REPRODUCIMOS MÁS ABAJO, EN APOYO DE LOS HISTORIADORES GALLEGOS Y ESPAÑOLES, COMO OTRAS VECES HICIMOS CON HISTORIADORES DE OTROS PAÍSES Y CONTINENTES, CONSTRUYENDO ASÍ UNA HISTORIOGRAFÍA GLOBAL, LIBRE Y SOLIDARIA QUE CONTRIBUYA A TERMINAR, EN LAS MENTALIDADES Y EN LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA, CON LOS RESIDUOS DE LAS SANGRIENTAS DICTADURAS QUE ASOLARON NUESTRO SIGLO XX

RECOGEREMOS SOLAMENTE FIRMAS HASTA EL JUEVES, 15 DE MAYO DE 2008.

Enviar ya vuestros datos a [email protected]: nombre y apellidos, institución (universidad, instituto, asociación...), localidad y país. El debate sobre esta campaña solidaria tendrá lugar, como siempre, en la Lista de Historia Inmediata. Si no estáis incluidos, enviad un mensaje que diga "Suscribe HI" a [email protected]

Más datos sobre el "caso Dionisio Pereira" en:
http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=1752 (Primer manifiesto de apoio, 11/6/07)
http://es.youtube.com/watch?v=ETIGkxKZ74k (Primer juicio en video, 2/10/07))
http://gl.wikipedia.org/wiki/Dionisio_Pereira
http://sinhorafranio.com/index.htm

Un saludo cordial,
Carlos Barros (22/4/08)
Coordinador de Historia a Debate
[email protected]
www.cbarros.com
www.h-debate.com

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DOCUMENTO PARA EL QUE SE PIDEN LAS FIRMAS:
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
Excmo. Sr. Presidente del Congreso de Diputados
Excmo. Sr. Presidente del Senado
Madrid, España

Los abajo firmantes, investigadores y profesores de historia de universidades y otros centros de estudio españoles y de otros países, queremos manifestar nuestra solidaridad con el historiador Dionisio Pereira, denunciado judicialmente una y otra vez por familiares de presuntos represores durante la guerra civil y la dictadura, que aparecen nombrados en las fuentes utilizadas en sus investigaciones publicadas sobre la represión franquista en el pueblo de Cerdedo (Pontevedra).

El Juzgado de Primera Instancia de A Estrada, amparando con abundante jurisprudencia sus derechos constitucionales de libertad científica y de opinión “en el terreno histórico”, ha absuelto ya a nuestro colega, cuya situación legal depende, así y todo, de lo que decida próximamente la Audiencia Provincial de Pontevedra, y aún posteriormente de previbles recursos a instancias jurídicas superiores. Un calvario judicial que muestra la flaqueza y vulnerabilidad de nuestra joven democracia y su ordenamiento legal en el tema que nos ocupa.

La difusión de esta anómala situación ha destapado en toda la geografía española otras parecidas que están siendo resueltas “caso a caso” por los tribunales de justicia, con la consiguiente alarma de los historiadores, que vemos así dificultado nuestro trabajo sobre la historia española reciente ante la posibilidad de ser víctimas del acoso judicial de los descendientes de las personas que aparecen en la documentación, oral y escrita, como responsables de torturas y asesinatos de personas por causa de sus ideas durante la guerra civil y la dictadura franquista. Tratamiento injusto, antidemocrático y hostil hacia los historiadores de profesión que ninguno de nosotros, independientemente de nuestras especialidades y nacionalidades, estamos dispuestos a tolerar.

La sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de marzo de 2004 asegura la protección constitucional de una “ciencia histórica libre” y que son los “propios ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico y cultural, conforman su propia visión de lo acaecido, que puede variar en el futuro”. No siendo, por tanto, “misión de los Tribunales de Justicia el realizar un juicio sobre verdades históricas”. Sin embargo, los juicios contra historiadores siguen celebrándose, y pueden incluso intensificarse conforme se vayan aplicando las nuevas políticas publicas de investigación, reparación y reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la dictadura aprobadas en al Ley de la Memoria Histórica del 26 de diciembre de 2007, cuya puesta en práctica y perfeccionamiento exigimos.

Por todo lo cual, demandamos del Gobierno español, y de las instituciones parlamentarias, garantes por imperativo constitucional de un ejercicio no discriminatorio de las libertades democráticas y responsables del cumplimiento de las leyes vigentes, el desarrollo de la “Disposición final primera” que habilita al Gobierno a “dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación” de la citada ley de la memoria. Proponemos, en concreto, que se añada una declaración de legitimidad constitucional de la libre investigación sobre la guerra civil y el franquismo, en base a fuentes históricas, tanto escritas como orales, de acuerdo con las metodologías correspondientes, sin censura previa sobre ningún nombre, fuente o dato histórico.

Es obligación general de las autoridades democráticas amparar en la práctica las libertades de análisis, interpretación y opinión de los historiadores, sin excepción, y del Gobierno en particular fijar una referencia legal que facilite a las administraciones, funcionarios e instituciones del Estado salvaguardar en las mejores condiciones el ejercicio libre de la investigación en temas que son, además, de vital importancia para cerrar de una vez, con la identificación, localización y dignificación de las víctimas (y el reconocimiento de los luchadores por la libertad), la guerra civil y la dictadura franquista, completando así la transición a la democracia en España iniciada en 1977.

Resulta incomprensible que, habiéndose previsto medidas de apoyo y responsabilidad institucional tocante a la conservación de documentos, acceso a los archivos, investigación sobre las victimas del franquismo y la guerra civil (incluyendo la recuperación de sus restos), se hayan olvidado los legisladores españoles de las personas que están aportando de forma comprometida y desinteresada su rigor académico y honestidad profesional a un conocimiento más preciso y plural de la verdad histórica, sin el cual difícilmente las generaciones futuras podrán apreciar, en su esencia y con perspectiva histórica, el régimen político democrático que van a heredar.

En la Red, a 22 de abril de 2008

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ENVIAR YA VUESTRA FIRMA A [email protected]: NOMBRE Y APELLIDOS, INSTITUCIÓN (UNIVERSIDAD, INSTITUTO, ASOCIACIÓN), LOCALIDAD Y PAÍS

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DOCUMENTO PARA O QUE SE PIDEN AS SINATURAS:

Excmo. Sr. Presidente do Goberno
Excmo. Sr. Presidente do Congreso dos Diputados
Excmo. Sr. Presidente do Senado Madrid, España


Os abaixo asinantes, investigadores/as e profesores/as de historia de universidades e outros centros de estudo españois e doutros países, queremos manifestar a nosa solidariedade co historiador Dionisio Pereira, denunciado xudicialmente unha e outra vez por familiares de presuntos represores durante a guerra civil e a ditadura, que aparecennomeados nas fontes empregadas nas súas investigacións publicadas sobre a represión franquista na vila de Cerdedo (Pontevedra).

O Xulgado de Primeira Instancia de A Estrada, amparando con abundante xurisprudencia os sus dereitos constitucionais de liberdade científica e de opinión “en el terreno histórico”, absolveu xa ao noso colega, cuxa situación legal depende, de todas maneiras, do que decida en breves días a Audiencia Provincial de Pontevedra, e aínda de previsíbeis recursos a instancias xurídicas superiores. Un calvario xudicial que amosa a febleza e vulnerabilidade da nosa xove democracia e o seu ordenamento legal na temática que nos ocupa.

A difusión desta anómala situación, ten destapado en toda a geografía do Estado español outras semellantes que están a ser resoltas “caso a caso” polos tribunais de xustiza, coa consiguinte alarma dos historiadores e historiadoras, que vemos dificultado deste xeito o noso traballo sobre a historia española recente, diante da posibilidade de ser víctimas do acoso xudicial dos descendientes ou achegados das personas que aparecen na documentación, oral e escrita, como responsabeis de torturas e asasinatos de cidadáns por causa das súas ideas durante a guerra civil e a ditadura franquista. Tratamento inxusto, antidemocrático e hostil cara os historiadores de profesión, que ningún de nós, independentemente das nosas especialidades enacionalidades, estamos dispostos a tolerar.

A sentenza do Tribunal Constitucional do 23 de marzo de 2004 asegura a protección constitucional dunha “ciencia histórica libre” e que sonos “propios ciudadanos quienes, a la luz del debate historiográfico y cultural, conforman su propia visión de lo acaecido, que puede variaren el futuro”. Non sendo, polo tanto, “misión de los Tribunales de Justicia el realizar un juicio sobre verdades históricas”. Nembargantes, os xuizos contra historiadores e historiadoras seguen a se celebrar, e poden mesmo aumentar conforme se apliquen de vez as novas políticas publicas de investigación, reparación e recoñecemento das víctimas da guerra civil e a ditadura aprobadas na Lei da Memoria Histórica do 26 de decembro de 2007, cuxa posta en práctica e perfeccionamento esiximos.

Por todo o cal, demandamos do Goberno español, e das institucións parlamentares, garantes por imperativo constitucional dun exercicio non discriminatorio das liberdades democráticas e responsabeis do cumprimento das leis vixentes, o desenvolvemento da “Disposición final primera” que habilita ao Goberno a “dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación” da devandita Lei da Memoria. Propoñemos, en concreto, que se engada unha declaración de lexitimidade constitucional da libre investigación sobre a guerra civil e o franquismo, en base a fontes históricas, tanto escritas como orais, de acordo coas metodoloxías correspondentes, sen censura previa sobre ningún nome, fonte ou dato histórico.

É obriga xeral das autoridades democráticas amparar na práctica as liberdades de análise, interpretación e opinión dos historiadores sen excepción, e do Goberno en particular fixar unha referencia legal quefacilite ás administracións, funcionarios e institucións do Estado salvagardar nas mellores condicións o exercicio libre da investigación en temas que son, asemade, de vital importancia para pechar dunha vez, coa identificación, localización e dignificación das víctimas (e o recoñecemento dos loitadores pola liberdade), a guerra civil e a ditadura franquista, completando deste xeito a transición á democracia en España iniciada en 1977.

Resulta incomprensible que, prevéndose medidas de apoio e responsabilidade institucional no tocante á conservación de documentos, acceso aos arquivos, investigación sobre as victimas do franquismo e a guerra civil (incluíndo a recuperación dos seus restos), se esqueceran os lexisladores españois das persoas que están a aportar de xeito comprometido e desinteresado o seu rigor académico e honestidade profesional para un coñecemento máis preciso e plural da verdade histórica, sen o cal difícilmente as xeracións futuras poderánaprezar, na súa esencia e con perspectiva histórica, o régime políticodemocrático que van herdar. Na Rede, a 22 de abril de 2008

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ENVIAR XA A VOSA SINATURA A [email protected]: NOME E APELIDOS,INSTITUCIÓN (UNIVERSIDADE, INSTITUTO, ASOCIACIÓN, ...), LOCALIDADE E PAÍS.

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