Historia a Debate


HaD con Dionisio Pereira

 
[Nota: el pasado jueves, 12 de junio de 2008, María Olaia Fernández Davila, diputada por Pontevedra del Bloque Nacionalista Galego, presentó en el registro del Congreso de Diputados, una pregunta al Gobierno de España en linea con nuestro documento en solidaridad con Dionisio Pereira y exigiendo amparo constitucional para la investigación histórica sobre la guerra civil y el franquismo. Iniciativa parlamentaria que se suma a la tomada el 6 de junio por los diputados de Izquierda Unida / Inciativa por Catalunya. C. B.]


A la Mesa del Congreso de los diputados

Mª Olaia Fernández Davila, diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por ESCRITO relativa a lo casos de denuncias de historiadores e investigadores por parte de familiares de presuntos represores en la Guerra Civil y la Dictadura.

La justa y necesaria investigación que promueven historiadores y asociaciones de recuperación de la memoria histórica para documentar y verter luz sobre los años de la Guerra Civil y la represión practicada por la Dictadura en los años de la contienda y de la post-guerra, puede parecer increíble a estas alturas del siglo XXI pero no está exenta de problemas.

Se están produciendo casos de denuncias contra profesores, historiadores e investigadores por parte de familiares de presuntos represores durante la Guerra Civil y los largos años de Dictadura. Un hecho que atenta contra derechos constitucionales como la libertad científica o el derecho a la opinión. En este sentido, existen ya sentencias de Tribunales como el del Juzgado de Primera Instancia de A Estrada (Pontevedra) que han absuelto a investigadores acusados acaparándose en los derechos constitucionales.

No se trata de casos aislados puesto que se han producido situaciones de esta índole en todo el Estado español lo que debería llevar al Gobierno a una reflexión sobre la aún recién aprobada Ley de la Memoria Histórica y la necesidad de incluir un apartado específico  para evitar este tipo de denuncias que entorpecen la labor historiadora e investigadora de muchos especialistas. En un sistema democrático llama poderosamente la atención que se tengan que sentar en el banquillo de los acusados investigadores o historiadores sobre la historia reciente del Estado español, sobre la necesaria labor de clarificación de muchos aspectos relacionados con la Guerra Civil. Es un hecho insólito cuando existen sentencias como la del Tribunal Constitucional del 23 de marzo de 2004 que asegura la protección constitucional de “una ciencia histórica libre”, no siendo, por tanto, “misión de los Tribunales de justicia el realizar un juicio sobre verdades históricas”. Aún así continúan realizándose juicios contra historiadores a pesar de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en diciembre de 2007.

Dada la situación sería conveniente que el Gobierno procediese a revisar la menciada normativa y desarrollarse la disposición final primera que le habilita para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la aplicación de este texto legal. En concreto, vendría al caso añadir una declaración de legitimidad constitucional que ampare la libre investigación sobre el periodo de la Guerra Civil y los años posteriores de la represión.

Es responsabilidad del Gobierno proteger y promover la libre investigación histórica.

Al igual que se prevén medidas de apoyo y responsabilidad institucional sobre la conservación de documentos, accesos a los archivos, la recuperación de los restos de víctimas del franquismo, deben establecerse medidas de apoyo a los historiadores e investigadores que dedican su labor a aportar luz a la historia.

¿Conoce el Gobierno los casos de denuncias a historiadores e investigadores por parte de familiares de presuntos represores durante la Guerra Civil y la Dictadura?

¿Qué opinión le merecen este tipo de denuncias? ¿Considera que es normal que en un Estado democrático se denuncien a investigadores e historiadores que con su labor están contribuyendo a la clarificación de lo ocurrido en esos años? ¿No cree que este tipo de denuncias atenta contra derechos constitucionales como el de la libertad científica?

¿Sabe que hay sentencias como la del Tribunal Constitucional del 23 de marzo de 2004 que asegura la protección constitucional de una ciencia histórica libre?

¿Está dispuesto el Gobierno a revisar la Ley de la Memoria Histórica para desarrollar la disposición final primera que le habilita para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de la ley, y establecer el amparo a los historiadores par que puedan desarrollar su labor investigadora con libertad?

En este sentido ¿va el Gobierno a adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan este tipo de casos?

¿Comparte que de igual modo que se prevén medidas de apoyo y responsabilidad institucional sobre la conservación de documentos y accesos a archivos, deberían establecerse medidas de apoyo a historiadores que están contribuyendo a clarificar una parte importante de la historia reciente del Estado español?

12 de junio dde 2008

Mª Olaya Fernández Davila
Diputada por Pontevedra (BNG)



 

Volver