Historia Inmediata


Denuncias Académicas


Malos tiempos para la corporación intelectual

Pablo A. Pozzi
Universidad de Buenos Aires

En un reciente artículo Tulio Halperin Donghi, decano de la corporación de historiadores argentinos, señaló que estos son "malos tiempos para el estudio de la historia" ya que existe "una agudización de las codicias que la disminución de recursos inspira en redes clientelares que bajo nuevas banderas extreman los objetivos y procedimientos de la que dominó en la etapa dejada atrás".

Por una vez parecería que coincidimos plenamente con este historiador de Berkeley cuyos aportes seminales datan de cuarenta años atrás. Sin embargo, una observación más aguda revela que el autor escribió este artículo el 26 de abril de 2004 en Clarín, diario conservador y de trayectoria golpista, y no durante la escandalosa década menemista. ¿Qué motiva semejante diagnóstico por parte de este estudioso jubilado del gran país del norte? Se trata de un hecho simple se ha constituido una cátedra paralela a la de Luis Alberto Romero, "un colega que les merece entero respeto". A ver, otra vez, despacito... ¿La creación de una cátedra paralela es un ejemplo de la decadencia de la universidad? Parece una afirmación algo exagerada, excepto que es cierto que la universidad estatal argentina está en franca decadencia.

Entre 1989 y 2002, la universidad argentina estuvo férreamente controlada, por el denominado "shuberoffismo", por el nombre del Rector de la Universidad de Buenos Aires. Esta contrapartida universitaria del menemismo unió en sus filas a la agrupación radical Franja Morada, los liberales de UPAU, los peronistas de la JUP, los economistas y abogados gestores del neoliberalismo menemista, y una gran gama de progresistas e izquierdistas como el entonces vicerrector de la UBA Atilio Borón y los asesores del ministerio de Educación. Por un lado, se aplicaron los criterios "eficientistas" impulsados por los expertos del Banco Mundial, cuyos resultados más evidentes fueron el aumento en la cantidad de alumnos por profesor y la reducción en un tercio de la planta docente. Por otro, se instituyeron una serie de prácticas que, si uno fuere mal pensado, podrían considerarse como delictivas. Por ejemplo, entre 1990 y 2003, en la UBA, se constataron numerosos casos de ventas de títulos en algunas facultades; en Ingeniería, por ejemplo, hubo alumnos que aprobaron hasta 20 exámenes finales en un día; en Arquitectura, los militantes estudiantiles oficialistas que reprobaban un examen final rendían de nuevo ante una "mesa especial" constituida por la Secretaría Académica; tres auditorías (dos internas y una externa) de la gestión de Shuberoff revelaron la existencia de cátedras fantasmas (se cobraba, pero no dictaban) y un uso discrecional e injustificado de los fondos del rectorado; se denunciaron negociados en torno a la enseñanza de idiomas en la Facultad de Económicas donde el entonces decano y las tres agrupaciones de la Franja Morada que detentaban la representación estudiantil se acusaron mutuamente de recibir coimas y donde por lo menos un instituto de enseñanza privada realizó una demanda por competencia desleal; en Filosofía y Letras hubo numerosas demandas judiciales, y ante el INADI, de concursos viciados por discriminación ideológica. Debería quedar claro que esto no se limitó a la UBA. El CONICET persiguió al eminente filósofo León Roszitchner por "marxista"; las comisiones del FOMEC se autoadjudicaron subsidios por cientos de miles de pesos/dólares; en las nuevas universidades del interior, los nombramientos emanaban de las presiones políticas; sólo un 18% de los profesores en las universidades nacionales había llegado a su puesto por concurso; la Universidad Nacional de Córdoba perdió un juicio ante la Corte Suprema por vulnerar la Ley Universitaria Nacional en materia de concursos; la Universidad Nacional de Cuyo recibió una acusación por discriminación antisemita. Todo esto, en un contexto de reducción presupuestaria y de fuerte persecución ideológica contra todos aquellos que intentaran plantear un modelo de universidad distinto del liberal o que cuestionaran las prácticas corruptas. Hubo numerosas denuncias pero ni una sola condena, ni una sola renuncia. Indudablemente, todo esto, generó una decadencia de la universidad argentina como institución y como productora de conocimiento. Halperin, que ahora sale a la palestra, jamás realizó denuncia alguna durante los quince años anteriores. ¿Por qué?

La respuesta debería ser obvia. ¿Quiénes estaban al frente de la universidad durante esos últimos quince años nefastos? Pareciera que Halperin ignora esto, aunque no debería ignorarlo. Vale la pena aclarárselo fueron los mismos intelectuales que ahora afirman que se sienten perseguidos y discriminados. En esos tiempos, profesores como Luis Alberto Romero participaron de los órganos de gobierno universitario, monopolizaron el acceso a los medios de comunicación, integraron las comisiones y fueron evaluadores del CONICET, el FOMEC y los distintos organismos que subsidian la investigación, fueron jurados en los escasos concursos, controlaban las editoriales y asesoraban ministerios. Ellos sí conformaron "una agudización de las codicias que la disminución de recursos inspira en redes clientelares que bajo nuevas banderas extreman los objetivos y procedimientos de la que dominó en la etapa dejada atrás", cuyo efecto fue el deterioro de la educación y la investigación universitaria.

La crisis del Estado nacional y del sistema delictivo denominado popularmente "menemismo", que se inició en el año 2001 con las protestas contra el ministro de Economía López Murphy y culminó con las jornadas del 19 y 20 de diciembre y la renuncia del Presidente Fernando de la Rua, modificó el panorama político nacional y, por ende, el universitario. En el caso de las universidades, tanto el claustro estudiantil como el de graduados se movilizaron para recuperar sus instituciones. Los profesores, en cambio, no se movilizaron y estas demandas los sorprendieron. Las razones son obvias habían pasado quince años y la mayoría pertenecía a las redes clientelares regenteadas por hombres como Luis Alberto Romero, aunque los profesores e investigadores críticos que sobrevivieron a las purgas shuberoffistas, como José Vazeilles, se han puesto al frente del intento de recuperación de las universidad pública.

Así, en la UBA, se desarrolla un poderoso movimiento para eliminar la corrupción (por ejemplo en Ingeniería, donde el decano Cernuschi Frías, apoyado por los estudiantes, graduados y algunos profesores, tuvo que enfrentarse al claustro de profesores), garantizar el pluralismo intelectual (por ejemplo en Filosofía y Letras donde la cátedra paralela, tan denostada por Halperin, permite la incorporación de otras visiones históricas), defender los derechos académicos vulnerados por las redes clientelares (por ejemplo, en Económicas donde el sindicato docente AGD se ha puesto a la vanguardia de la defensa de los docentes de humanidades), o ampliar los espacios democráticos y representativos (por ejemplo, en Ciencias Sociales, donde el movimiento por el voto directo de las autoridades puso en jaque a las redes clientelares). Y no está sucediendo sólo en la UBA. En Córdoba, también se discute el voto directo y se implementan cátedras paralelas; en Santa Rosa, La Pampa, el claustro estudiantil implementa un verdadero pluralismo trayendo profesores externos para mejorar la calidad académica de sus carreras; en Rosario, el Centro de Estudios de Historia Obrera, encabezado por el eminente historiador Alberto Plá, ha logrado una importante vinculación con la sociedad.

Sin embargo, diría Halperin, en su insigne artículo, los historiadores (hoy perseguidos y discriminados al igual que el ex Presidente Menem) han logrado "enriquecer la imagen del pasado nacional" durante la última década. El problema es que, en ese mismo período, las historias de mayor difusión en la Argentina tienen por autores a periodistas, como Jorge Lanata, o a extranjeros, como el historiador marxista inglés Eric Hobsbawm. Por supuesto, siempre podemos alegar que el pueblo y los estudiantes "son facilistas", pero eso sería un argumento de un historiador muy pobre, y estamos seguros que Halperin no lo es. Por lo tanto, suponemos que, lejos de pertenecer a las redes clientelares que tanto daño le han hecho a la universidad argentina, Halperin opina estando mal informado. Le informamos que, si la gente no lee a los historiadores –aunque sí los leía antes de 1989—, es porque estos no tienen nada relevante que decirle a la sociedad y la razón es que se han volcado, no a la producción intelectual, sino a "los negocios".

En fin, tiene razón Halperin, citando a Romero, cuando dice que éste "se ha visto transformado en un símbolo de algo que aparentemente debe ser destruido". Es indudable que hay que destruir el sistema clientelar, y si somos mal pensados también delictivo, al cual pertenece Romero si aspiramos alguna vez a tener una universidad argentina basada en el pluralismo, la libertad de expresión, criterios académicos de calidad y jerarquía académica.