Carta abierta a ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)

[email protected] remitente anó[email protected] ([email protected]):

Permítame ante todo un par de advertencias sobre este mensaje:

1. Pues nada en su contenido lo requiere, no considero este mensaje confidencial. Como ya indico en la dirección, me considero con el derecho a hacerlo público.

2. Este mensaje no implica que renuncie a mi acreditación como evaluador de la Aneca. Muy al contrario, es en mi condición como tal que lo escribo y hago público.

Permítame además rogarle que, si usted, corresponsal anónimo de quien recibo toda la documentación a la que a continuación me refiero, no es la persona adecuada para hacerse cargo de este mensaje, lo reenvíe a la dirección que corresponda dentro de la Aneca.

En primer lugar, les reitero mi reconocimiento por la confianza que me otorgan para evaluar currícula no sólo en el ámbito de mis conocimientos, sino incluso de materias en la que ni me siento ni para las que tengo por qué estar cualificado. El primero que me han asignado, perteneciente a derecho penal positivo, no lo puedo responsablemente aceptar. Y me temo que ésta va ser la tónica si ustedes no modifican sus criterios. Los puntos que quiero comentar ya están dichos: el de aceptación o rechazo de evaluaciones y el de materias sobre las que puede competente y responsablemente evaluarse.

Aceptación o rechazo de evaluaciones.- En las “Instrucciones y recomendaciones para [email protected] [email protected]”, ustedes señalan: “Si no acepta explícitamente una evaluación antes de tres días desde su recepción, será automáticamente asignada a otro evaluador”. En el mensaje que me dirigen con la primera asignación, me dicen: “Por favor, si no le fuera posible hacerse cargo de los mismos le rogamos nos lo comunique en las próximas 48 horas. A partir de este momento, entenderemos que se hace cargo de los informes que le han sido asignados”. El cambio es preocupante por sí, por la forma cómo se produce y por el contexto en el que adviene. ¿Cómo se va a participar en un proceso de evaluación en el que la agencia evaluadora ni siquiera cumple sus propias reglas? Sin suficiente cobertura legal, la Aneca viene definiendo y modificación el perfil mismo del profesorado universitario. En este contexto, no puede considerarse secundario dicho detalle de la interpretación del silencio. Puede constituir un agravante. Dada entonces la forma laxa como la Aneca entiende su sujeción al derecho y dado también lo dicho de que se solicitan evaluaciones más allá de la competencia acreditable de la persona evaluadora, resulta preocupante la precaria cobertura de las fuentes de evaluación según las propias “Instrucciones y recomendaciones” citadas: “Aneca cuidará que su anonimato (de la persona evaluadaza) quede asegurado, salvo en caso de que su nombre sea solicitado en un procedimiento judicial”. Por el modo como arrancamos, me temo que la salvedad podrá ser regla.

Materias sobre las que puede competente y responsablemente evaluarse.- Las susodichas instrucciones y recomendaciones” ya lo anuncian: “Se le va a solicitar que evalúe expedientes cuya actividad investigadora puede no coincidir con su área de conocimiento. Su evaluación debe estar basada en su amplia experiencia como universitario y/o investigador. La no coincidencia con su área de conocimiento no debe ser considerada como motivo para rechazar la evaluación”. Nada que objetar en principio a la primero, siempre que se mire la afinidad entre materias (por ejemplo, historia del derecho, que es mi caso, con derecho romano; historia constitucional, en cuya investigación me he especializado, con derecho constitucional...), bien que la ingenuidad añadida, la de que una evaluación científica pueda basarse en una “amplia experiencia” no especializada, pudiera ya hacer temer otra cosa, lo que ahora se confirma. No se miran afinidades, cuyo criterio además, por no estar materializado en ninguna directriz, tampoco ofrecería muchas garantías. Pero ya está comprobado que a la Aneca no le arredran ni la falta ni la existencia de regulaciones. Por como se ha comenzado, parece además que, en la práctica, las asignaciones nunca se van a encomendar a personas de la misma área de conocimiento. No estoy entre quienes defienden el gremialismo estanco de las llamadas áreas de conocimiento, pero la manera cómo el procedimiento de evaluación del programa Academia de Aneca se propone superar esta tara me parece completamente deficiente y recusable tanto en la forma, sin cobertura normativa, como en el fondo, sin criterio de competencias.

Los dos “Manuales de evaluación de las solicitudes de acreditación en la rama de ciencias jurídicas y sociales”, para cátedra y para titularidad, en su apartado 3.2. “Función de [email protected] [email protected]”, define cometidos del trabajo de la persona evaluadora: “Contextualizar estos méritos dentro del ámbito científico/académico/profesional. Valorar los méritos de acuerdo con los niveles de referencia medios a procurar en dicho ámbito”. Nada que objetar, sino todo lo contrario. Mas he aquí que la evaluación con justa referencia a un “ámbito científico/académico/profesional” y de acuerdo con sus “niveles de referencia” requiere, al menos en las “ciencias jurídicas”, un intenso y maduro conocimiento del estado de desarrollo de toda una especialidad que de manera ninguna cabe improvisar en los pocos días de preparación de un dictamen evaluador (ya sé que la baremación de méritos simplifica las cosas, pero ésta es, a mi juicio, otra inmensa ingenuidad de la que ahora no trato). Ni siquiera la obra personal que respalda una solicitud puede evaluarse, si no se domina la especialidad del caso, mediante una lectura apresurada de publicaciones que se alegan como méritos. La asignación que he recibido sobre derecho penal ante todo entiendo que ofende a la persona solicitante. En el caso de se acabara ante la justicia, el mismo o la misma podría con toda razón alegar y demostrar mi supina falta de competencia y mi completa irresponsabilidad de haber atendido la asignación de la Aneca, rendido así ante su reconocimiento de competencias de las que carezco.