Universidad, corrupción y política*
Carlos Barros
La corrupción académica vinculada a los políticos ha devenido factor determinante de la política española, tanto o más que la corrupción económica, al provocar dimisiones fulminantes de ministros o presidencias de Comunidades Autónomas (Cifuentes, Montón), y cuestionamientos de los principales líderes (Casado, Sánchez) de los partidos que se han venido turnando en el Gobierno desde la transición. Lo que refleja una vez más la falta de ética de una parte nada desdeñable de una “clase política” en proceso de cambio a consecuencia de una mayor exigencia de coherencia, entre el discurso y la práctica, por parte de la sociedad y los medios de comunicación.
Hasta el presente, ningún partido le ha dedicado al tema de la corrupción académica-política la atención que se merece al afectar de forma tan notoria a la regeneración de la democracia española y considerando que la historia va a continuar, dados los procesos judiciales en marcha y la probable aparición de nuevos affaires en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y por otras vías. La pluraridad y la competencia entre los partidos, y una sociedad civil que roza el hartazgo, harán el resto.
Sabemos de lo que hablamos. En diciembre de 2016, denunciamos como profesores e investigadores afectados por los plagios de Fernando Suárez, rector en aquel momento de la Universidad Rey Juan Carlos, por medio de un Manifiesto (apoyado por más de 400 colegas de 100 universidades españolas y extranjeras). Denuncia pendiente de las sentencias de los juicios en curso por robo de propiedad intelectual en el Juzgado de lo Mercantil y el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid, sobre el plagio de un libro de Miguel Ángel Aparicio de la Universidad de Barcelona, y, a iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, sobre los plagios masivos del todavía catedrático Suárez Bilbao de artículos y libros de 30 profesores universitarios e investigadores españoles y extranjeros. Sentencias que deberían suponer un vuelco que deje atrás la complaciencia actual de la universidad, la política y la legislación sobre los plagios de profesores y políticos, que junto la corrupción de los másteres han generado una verdadera alarma social. Cualquier alumno, joven investigador o padre de familia, sabe el esfuerzo de años, sudor y dinero que supone estudiar, investigar y publicar trabajos académicos y tesis doctorales u obtener títulos de posgrado. No se está haciendo nada efectivo para poner remedio.
Los afectados por los plagios de la URJC, en el origen de la crisis político-academica actual, tuvimos en su momento un apoyo unánime aunque fugaz de la opinión pública, no así de las instituciones académicas y políticas. Sufrimos, y con nosotros la universidad pública, la dejadez tanto de la Conferencia de Rectores Españoles (con la excepción de los rectores de Barcelona, Alicante, Santiago de Compostela y Burgos), que decidió la no-intervención. Tampoco el anterior Ministerio de Educación y la ANECA quisieron actuar, si bien en la respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada gallega Yolanda Díez Pérez aceptaron vagamente -en el caso de haber sentencia a nuestro favor- revisar los sexenios, la tesis doctoral y la habilitación a cátedra del ex-Rector de la URJC. Habíamos demandado, sin éxito, que procediesen de oficio. De momento la nueva ministra de Educación no ha dicho ni mu, pese a la responsabilidad directa del Ministerio en la evaluación de la investigación y la calidad de nuestras universidades.
La acción política falla justamente ahora, cuando son justamente políticos los que se aprovechan de la falta de control del sistema universitario para inflar sus curriculums, conseguir títulos fraudulentamente y copiar publicaciones. Llevando hasta un extremo caricatureso la titulitis y la curriculitis -a lo que la universidad no es ajena- que valora la cantidad por encima de la calidad, donde todo vale para aparentar lo que no que se es.
De aquellos barros del irresoluto caso de Fernando Suárez Bilbao, estos lodos. Necesitamos con urgencia medidas de fondo, a tomar por las universidades, las instituciones políticas y en ultima estancia los jueces, que sirvan para prevenir y/o resolver por medio de sanciones el problema de los plagios y los títulos académicos ilegalmente concedidos a políticos en activo.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha de cumplir su función rectora del sistema universitario español, elaborando una normativa de referencia que funcione para las universidades a fin de evitar y sancionar el plagio entre profesores e investigadores, así cómo el funcionamiento anómalo de másteres que hacen excepciones con alumnos de determinado estatus político o de otro tipo. El máximo órgano universitario debería también intervenir directamente cuando una universidad no quiera o no pueda enfrentar el problema (fue el caso de la URJC, hoy desmadrado), de manera que no sea necesario acudir a instancias externas de tipo político o judicial para dar solución a cuestiones de disciplina académica que afectan negativamente al conjunto de la universidad española. No se puede pretender que se persiga el plagio de los estudiantes normales y no se haga lo mismo con los profesores y los alumnos VIP.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, directamente, y a través de la ANECA, como órgano responsable y organizador de la gestión, la docencia y la evaluación de las universidades y del profesorado universitario, tiene la obligación de adoptar disposiciones cuando las universidadas afectadas por malas prácticas graves no quieran o no puedan resolverlas por si mismas. Es la circunstancia crítica de la URJC de Madrid, paradigma de funcionamiento corrupto en el sistema universitario español, que exige ya una alta inspección del Ministerio junto con una refundación a través de un nuevo equipo de gobierno que haya estado al margen de másteres, plagios y demás corruptelas.
Si fallan, como está sucediendo, las universidades y el Gobierno, que son ambos parte del problema, hay que facilitar que los Tribunales de Justicia puedan hacer correctamente su trabajo. El Congreso de Diputados tendría que revisar ya el delito de plagio en el Código Penal, de modo que junto con el plagio económico comprendiera el plagio académico. Al presente en España solamente se penaliza el plagio cuando existe “ánimo de lucro”, no así la usurpación de la autoría de investigaciones y publicaciones con el propósito de disfrutar ilegamente títulos y otros beneficios académicos. El plagio académico entre profesores y investigadores ha ido creciendo en España, en suma, porque ni la universidad ni la ley lo vigilan, y menos aún prohíben y castigan.
Por último, los partidos políticos que también son parte del problema, ¿no deberían exigir también la dimisión a sus dirigentes y cargos públicos que estén investigados por corrupción académica severa, activa o pasivamente?
Urge restituir el honor y la autonomía de la universidad, cuya imagen es esencial para terminar de limpiar al mismo tiempo la democracia española, que tanto nos costó conquistar, de fechorías, privilegios y otros vicios malos.
* Publicado el 24 de setiembre de 2018 en el apartado “A fondo” del diario madrileño El Mundo (https://www.elmundo.es/opinion/2018/09/24/5ba79111468aebe06f8b464a.html).
Amigos, va en anexo el artículo de Ignacio Fernández Sarasola de la Universidad de Oviedo, también afectado por los plagios del ex-Rector de la URJC de Madrid, “Plagio científico y vulneración de derechos fundamentales”, publicado en la revista de la UNED, “Teoría y realidad constitucional” (nº 40, 2017, pp. 385-397), donde se parte de los plagios de Fernando Suárez Bilbao y se defiende que, más allá del evidente robo de propiedad intelectual, se trata de la conculcación de un derecho fundamental y constitucional (libertad de investigación) que debería estar castigado penalmente.
Por otro lado, nuestro querido colega Antonio Cuerda, penalista de la URJC, que puso en conocimiento de la Fiscalía de Madrid los plagios masivos de Suárez Bilbao, ha sido convocado informativamente mañana, 28 de noviembre, en el juzgado de Plaza de Castilla que lleva el caso…
Un abrazo
Carlos Barros (27/11/2017)
https://h-debate.com/plagios-no/trc40ifernandez/
Amigos y amigas de HaD-HI:
Va más abajo anexo la respuesta positiva del Defensor del Pueblo a nuestra solicitud para interceder ante la ANECA y la CNEAI a fin de que revisen de oficio los sexenios y la habilitación a cátedra de Fernando Suárez Bilbao, ex-Rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Seguimos pendientes de que los grupos parlamentarios de oposición presenten asimismo en el Congreso de Diputados una Proposición No de Ley en la misma dirección.
Siguen su curso: la demanda civil que nuestro compañero Miguel Ángel Aparicio, con el apoyo de la Universidad de Barcelona, presentó en el Tribunal Mercantil de Madrid; y la demanda penal presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid por los 16 casos de plagio más conocidos imputados al ex-Rector de la URJC.
Es de justicia que los repetidos plagios del profesor de Historia del Derecho de la universidad madrileña no queden impunes, por el prestigio y la honorabilidad de nuestra universidad y la lucha necesaria contra los plagios académicos en España.
Saludos cordiales,
Carlos Barros
Coordinador de la Red Académica Internacional Historia a Debate
Santiago de Compostela, España
Mensaje recibido el 26 de junio de 2017.
++++++
Sr. D.
CARLOS BARROS GUIMERÁNS CALLE CALDELAS Nº 5
15881 A PONTE ULLA (SANTA MARIA MADALENA) A CORUÑA
Estimado Sr.:
Se ha recibido su escrito de queja, en el que hace referencia al presunto plagio padecido por usted y otros docentes y a la inacción de las autoridades educativas respecto de tales hechos, al no revisar de oficio los actos por los que se le confirió al Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid D. Fernando Suárez Bilbao la acreditación para el cuerpo de catedráticos de Universidad y se le reconocieron sexenios de investigación.
Una vez estudiado el asunto planteado, se ha considerado pertinente trasladar su queja a la ANECA a fin de que informe a esta institución de su criterio respecto de las actuaciones de oficio que pudieran resultar procedentes.
Le saluda muy atentamente,
Concepció Ferrer i Casals
Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo
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Queridos colegas,
Acabo de recibir la respuesta (en anexo) de Cristina Cifuentes al envío el 7 de enero de nuestro Manifiesto apoyado por 377 profesores de más de 100 universidades españolas y extranjeras contra los plagios del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Ciertamente la Presidenta de la Comunidad de Madrid se desinteresa olímpicamente de los plagios cometidos por la máxima autoridad de la URJC, universidad creada y financiada por ellos con fondos públicos, si bien dice algo cierto, que venimos repitiendo los profesores afectados:
“Como sabe, la Comunidad de Madrid no ostenta la competencia para investigar la revisión de sexenios y del trabajo de acreditación a que alude en vuestro escrito, sino que dichas funciones corresponden al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a través de la ANECA”
En nuestro Manifiesto hemos demandado, en primer lugar, sin obtenerla, la dimisión del Rector plagiario, pero sí una dimisión enmascarada, vergonzante, sin reconocimiento de culpa, de acuerdo con la Comunidad de Madrid, adelantando las elecciones en la URJC al 15 de febrero y forzando la no presentación a Rector de Fernando Suárez Bilbao.
De modo que nuestra principal reivindicación será a partir del 15 de febrero:
“la formación de una Comisión de Investigación realmente independiente cuyas resoluciones sean tenidas en cuenta por la ANECA y el CNEAI a fin de revisar sus acreditaciones y sexenios de investigación”.
Descartamos que la URJC quiera o pueda crear un Comisión de Investigación independiente sobre los plagios de su todavía Rector, como hemos visto estos últimos tres meses. Somos conocedores además del contexto de falta de libertad y de amenazas de represalias en que se van a celebrar dichas elecciones, por lo que no esperamos grandes novedades más allá del cambio de persona.
Tampoco la Conferencia de Rectores se ha manifestado dispuesta, hasta ahora, a constituir una Comisión de Investigación sobre los plagios del todavía Rector, ante la inacción y la falta de imparcialidad de la URJC. En cuyo caso sería asimismo necesario el concurso del Ministerio de Educación para implementar las medidas sancionadoras que se derivasen.
De manera que, hoy por hoy, toca al Ministro de Educación Iñigo Méndez de Vigo crear esa Comisión de Investigación para reevaluar los sexenios (complementos salariales) y el segundo ejercicio de la habilitación a catedrático de Fernando Suarez, así como sus restantes méritos de investigación. Es un sinsentido que el Ministro Méndez utilice como pretexto para la inacción la “autonomía universitaria” porque, la universidad no tiene autonomía en la evaluación del acceso al profesorado universitarios y su promoción, depende por ley de las agencias evaluadoras gestionadas por el Ministerio de Educación, al margen de la universidad como institución, cuyos informes son preceptivos, de obligado cumplimiento. en concursos y oposiciones.
Seguimos esperando una respuesta al escrito del 7 de enero por parte del Presidente o la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores-CRUE y del Ministro de Educación, la ANECA y la CNEAI (que fallaron estrepitosamente en la detección de los repetidos plagios del Rector de la URJC).
Pedimos a los partidos políticos con representación que presenten en el Congreso de Diputados iniciativas parlamentarias en línea con nuestras justas demandas y/o para que el Gobierno de España, a través de su Ministro de Educación, rinda cuentas de su gestión del escándalo de los plagios del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que está afectando gravemente el prestigio nacional e internacional de la universidad española.
Carlos Barros
Acabamos de recibir la respuesta del Ministerio de Educación (en anexo) a la pregunta parlamentaria (en anexo) sobre los plagios del Rector de la Universidad Juan Carlos de Madrid, presentada por la diputada de En Marea, Yolanda Díaz Pérez, del Grupo UP-ECP-EM que recoge las peticiones del Manifiesto de los profesores afectados, que ha recibido ya la adhesión de 427 profesores de universidades españolas (52) y extranjeras (58).
Después de cuatro meses de estallar, dentro y fuera de España, el escándalo de los numerosos y reiterados plagios de Fernando Suárez Bilbao, Rector de la URJC, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sigue contra toda evidencia (como la reciente prueba pericial de la Universidad de Barcelona) empeñado en “negar” su competencia en la investigación -y sanción si procede- de las evaluaciones (sexenios y habilitación a catedrático) del profesor Suárez realizadas por un organismo. la ANECA, que forma parte del organigrama del Ministerio de Educación, como ha recordado la Presidenta de la Comunidad de Madrid en su respuesta al mismo documento de firmas que, hasta el día de hoy, el Ministro no se ha dignado en respondernos directamente:
“Como sabe, la Comunidad de Madrid no ostenta la competencia para investigar la revisión de sexenios y del trabajo de acreditación a que alude en vuestro escrito, sino que dichas funciones corresponden al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a través de la ANECA” (16/1/2017).
Se nos escapan los motivos reales del Ministro Iñigo Méndez de Vigo para hacer caso omiso al sentido común y a nuestras demandas de una universidad española libre de plagios entre profesores e investigadores que, siendo un fenómeno minoritario, afecta gravemente a la imagen de nuestra universidad al tener ahora como protagonista a tan alto cargo académico, por lo que una sanción disciplinar por parte de la autoridad evaluadora correspondiente debería sentar precedente.
Más todavía cuando el Ministerio sabe, como todos nosotros, que la Universidad Rey Juan Carlos no ha sido capaz en estos últimos cuatro meses de poner en marcha una Comisión de Investigación, ni lo será en el futuro dada la voluntad continuista manifestada por el probable nuevo Rector, Javier Ramos, que menos todavía podría asegurar una Comisión independiente e imparcial.
Cierra también la respuesta ministerial la opción de una solución judicial (en un plazo de años, ciertamente) toda vez que -afirma el Ministerio- no tomarán medidas hasta que haya una sentencia penal, sabiendo como saben que el plagio académico no está específicamente contemplado en el Código Penal español, y que por ello la demanda judicial de nuestro compañero Miguel Ángel Aparicio, sustentada por la Universidad de Barcelona y apoyada por todos nosotros, va desgraciadamente por la vía civil no por la vía penal.
Denunciamos, en consecuencia, la actitud obstruccionista del Ministerio de Educación del Gobierno de España para dar solución al problema universitario, y de alarma social, creado por los plagios del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y llamamos a los partidos con representación parlamentaria. que se reclaman en la oposición al actual Gobierno, a ayudarnos en la tarea de salvar la honra, la imagen y el buen funcionamiento de nuestras instituciones académicas.
Santiago de Compostela, 7 de febrero de 2017.
Carlos Barros
- Entrevista sobre el plagio (El Correo Gallego)
- Entrevista sobre los plagios (LA CUATRO-TELECINCO)
- Entrevista sobre los plagios (Radio Nacional de España)
- Entrevista sobre los plagios (Más vale tarde-LA SEXTA)
- Entrevista sobre los plagios (Cadena Ser 16/12/2016)
- Entrevista sobre los plagios (Cadena Ser 9/1/2017)
