Historia y memoria: un mismo combate. Aportaciones conceptuales de Historia a Debate a las controversias acerca de la memoria histórica.

HISTORIA Y MEMORIA: UN MISMO COMBATE. APORTACIONES CONCEPTUALES DE HISTORIA A DEBATE A LAS CONTROVERSIAS ACERCA DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Custodio Velasco Mesa.

Universidad de Sevilla.

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1. INTRODUCCIÓN.

La memoria histórica y la multiplicación de movimientos memorialistas están generado en los últimos años un creciente volumen de publicaciones y también de controversias. Tales polémicas son, por una parte, de carácter académico en tanto que afectan a la propia epistemología de la historia distinguiendo a quienes, al extremo, consideran que la memoria de las víctimas de acontecimientos traumáticos del pasado no es asunto de la historia y que, por consiguiente, el historiador debe permanecer al margen de ella, frente a quienes reivindican lo contrario: la integración de esa memoria en la historia como fuente para aproximarnos al conocimiento de la verdad sobre el pasado. Más allá, sin embargo, del ámbito académico, esas controversias se extienden a una más amplia esfera social. En primer lugar, porque la puesta o no de relieve de esa memoria afecta a la narración e interpretación de la historia, esto es, afecta a una disciplina que, a su vez, ha sido, particularmente desde el siglo XIX, un instrumento privilegiado para la construcción de adhesiones y cohesiones en torno al poder establecido o a los valores que éste representa. La memoria de las víctimas de acontecimientos violentos es, conforme a ello, objeto de polémica por sus efectos en la deconstrucción de relatos hegemónicos del pasado, esto es, porque -al igual que la historia- contiene una inequívoca dimensión política. No en vano, la emergencia internacional de movimientos memorialistas desde finales del siglo XX se inscribe en el gradual proceso de empoderamiento político de la ciudadanía que se advierte a partir de esas fechas ante el paralelo desarrollo de democracias incompletas en las sociedades complejas contemporáneas. En segundo lugar, esas controversias se extienden a una más amplia esfera social porque la toma en consideración de la memoria de las víctimas de acontecimientos violentos constituye, en lo inmediato, una reivindicación de carácter precisamente social, con implicaciones éticas y sociales para una parte de la ciudadanía que reclama justicia, reparación y verdad en relación a unos hechos que las narrativas hegemónicas no han tenido en consideración o han tergiversado.

Dicho esto, la memoria histórica incumbe a una variada paleta de actores sociales. Concierne a la autoridad política que diseña directrices memorialistas teniendo en consideración el enorme poder de la memoria en la construcción de identidades colectivas. Y concierne asimismo a dos grandes agentes que, en vertientes diferentes y complementarias, integran -en mayor o menor medida- los movimientos memorialistas, “revisando, en el siglo XXI, la historia del siglo XX concerniente a dictaduras, torturas y masacres de víctimas civiles e inocentes asesinadas por sus ideas, condición social, religiosa o étnica”[1]. Por una parte se hallan las organizaciones cívicas que actúan en favor de la recuperación de la memoria histórica articulando demandas ciudadanas de justicia, reparación y verdad en relación a víctimas de hechos traumáticos del pasado reciente. Por otra parte se hallan historiadores y, más ampliamente, científicos sociales preocupados tanto por revelar y analizar tales acontecimientos traumáticos que han permanecido ocultos, ignorados o tergiversados, como por poner en evidencia el uso (en ocasiones abuso) que de la historia se ha llevado a cabo al respecto.

El foro que representa Historia a Debate no ha sido ajeno ni a las controversias historiográficas generadas por la memoria en el ámbito académico, ni a la trascendencia del movimiento memorialista. Su interés al respecto no es, en modo alguno, una novedad. Pese a que no hay mención explícita en el célebre Manifiesto de Historia a Debate del 11 de septiembre de 2001, la memoria histórica constituye parte integrante del compromiso desplegado en ese texto[2]; razón por la que no tardó en ser objeto de atención tanto en el III Congreso Internacional celebrado en 2004 como en el que le siguió en 2010[3]. En lo que sigue, se tratarán de poner de relieve y de analizar las aportaciones historiográficas de Historia a Debate a la discusión en torno a la memoria histórica. Para ello, se hará uso de los textos, conferencias y debates generados en su seno, fundamentalmente desde 2004 hasta la actualidad.

2. LA HISTORIA ES TAMBIÉN LA MEMORIA: POR LA INCORPORACIÓN DE LAS VOCES DE LAS VÍCTIMAS EN LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD HISTÓRICA.

“Historia y memoria: un mismo combate”. Con esas palabras cerró Carlos Barros su intervención en las II Jornadas Internacionales sobre Memoria y Comunicación celebradas en 2016 en la Universidad de Sevilla[4]. Reducía a esa concisa fórmula su concepción de la memoria histórica, identificada con la historia, integrada en ella, considerada parte consustancial y no escindible de lo que la historiografía tradicionalmente ha entendido por historia. Preliminarmente cabe destacar que esa concepción de la memoria como parte integrante de la historia remite a una de las propuestas fundamentales recogidas en el Manifiesto de Historia a Debate de 2001: la de “tomar en consideración las dos subjetividades que influyen en nuestro proceso de conocimiento, agentes históricos e historiadores”; y ello como “la mejor garantía de la objetividad de sus resultados, necesariamente relativos y plurales, por lo tanto rigurosos”[5]. El citado manifiesto proponía, de ese modo, una vía teórica y metodológica que reescribía, al tiempo que evitaba, dos extremos opuestos que al respecto se advierten en la historiografía: el “objetivismo de Ranke” y el “subjetivismo de la posmodernidad”. La historia se definía en ese documento, efectivamente, como una ciencia pero, a diferencia de concepciones adscritas al paradigma positivista,  como una ciencia “con sujeto humano”, esto es, en la que intervienen tanto el sujeto cognoscente o historiador como el sujeto social o agente histórico. Es, conforme a ello, que en el protocolo científico de conocimiento del pasado, en la búsqueda de la verdad histórica, se entiende que hay que tomar en consideración ambas subjetividades: la de los historiadores que analizan los acontecimientos, pero también la de los protagonistas de los acontecimientos analizados. Unos y otros son considerados, desde esta perspectiva, como activos constructores de la historia[6]. La consecuencia de tal planteamiento es fácilmente identificable: la memoria de las víctimas es parte integrante de la historia y debe ser tenida en consideración para el esclarecimiento de los hechos. Carlos Barros es elocuente: “la historia y la memoria deben converger porque tienen en común [la búsqueda de] la verdad histórica”; “únicamente con documentos materiales, sin la toma en consideración de las víctimas, no seremos capaces de reconstruir esa verdad oculta” en contextos represivos[7].

Contrasta enormemente esta concepción de la memoria con la que empezó a manifestar Pierre Nora desde los años setenta del siglo XX: una memoria ubicada en el ámbito de las creencias y mitos acerca del pasado, relevante solo en tanto que representación de la “realidad” de ese pasado, pero no en tanto que medio para aproximarnos a la verdad acerca de ese pasado; una memoria -en palabras de Carlos Barros- “cosificada, de tipo conmemorativo alrededor de las grandes fechas, lugares y acontecimientos ligados a una historia nacional francesa de batallas y grandes hombres” y que ignora “la fundamental contribución memorial del sujeto histórico presente, inmediato”; una memoria, en suma, “falta de sustancia humana, a años luz del ogre historien del fundador de Annales”[8]. Conforme a ello, Pierre Nora se mostraría rotundo respecto a la relación entre “memoria e historia: lejos de ser sinónimos, se oponen completamente entre sí”[9]. Una observación que no hacía sino remitir a la antítesis entre ambos conceptos que, a principios del siglo XX, formuló el sociólogo durkheimiano Maurice Halbwachs desde una concepción positivista de la disciplina histórica: la memoria era el dominio de lo fluctuante, “lo vivido, lo sagrado, la imagen, el afecto, lo mágico”, mientras la historia -espacio de la objetividad, sin implicaciones del sujeto historiador y, en esa medida, espacio de transcripción de “lo que realmente aconteció”- se definía “por su carácter exclusivamente crítico, conceptual, problemático y laico”[10]. Oposición canónica entre ambos conceptos que es compartida por historiadores como Santos Juliá quien, desde su comprensión de la historia “como una forma de conocimiento autónomo, y en no pocas ocasiones crítico de la memoria y hasta opuesto a ella”, considera -refiriéndose al caso español- que “los movimientos de recuperación de la memoria histórica son en realidad movimientos por la reparación o reconocimiento de los asesinados por los rebeldes”, esto es: no son historia, entendida ésta como dominio del profesional o académico[11].

Contrariamente a las propuestas historiográficas positivistas o neo-positivistas que determinan una separación radical entre historia y memoria, más aún, una oposición entre ambas, Historia a Debate sostiene la integración de la memoria en la historia al tiempo que concibe la disciplina histórica con una dimensión humana. Entiende que ni la historia se hace sin los agentes sociales, ni la memoria se circunscribe al ámbito de las representaciones, de las demandas de reconocimiento o de los afectos íntimos de las víctimas, sino que los testimonios de éstas integran y construyen la historia junto a los historiadores, quienes, en consecuencia, deben incorporar sus voces en el relato e interpretación de los hechos. La memoria es, así pues, “un ejemplo de cómo lo objetivo y lo subjetivo, el objeto y el sujeto, se pueden articular mutuamente”, razón por la que es fundamental “practicar una historiografía interactiva y no factual”, considerar las nuevas preguntas del presente continuo, incorporar “movimientos sociales presentistas y subjetivos”, entender -en suma- que “la historia la hacen los historiadores, pero también los protagonistas actuales a través de su memoria colectiva”[12].

Dicho esto, el eje del debate se sitúa en determinar el papel que a la memoria de las víctimas se le otorga en el conocimiento y la interpretación de la historia, así como en definir el grado y la pertinencia de sinergias entre quienes reivindican justicia, reparación y verdad en relación a acontecimientos violentos del pasado reciente y los historiadores en su labor de análisis científico al objeto de aproximarse a la verdad histórica e interpretar ese pasado. Todo ello, a su vez, obliga a establecer precisiones acerca de los movimientos memorialistas: el proceso mediante el que desarrollan sus acciones colectivas y su composición. Dado su alcance internacional, cabe señalar de inmediato que los movimientos memorialistas constituyen fenómenos complejos, atravesados por distintos contenidos y ritmos, carácter y constitución según los contextos. No obstante, para Historia a Debate no solo se advierte -particularmente en el ámbito latino- una característica esencial, la interactuación de movimientos ciudadanos y de movimientos académicos, sino que la interactuación de ambos agentes sociales que conforman los movimientos memorialistas es pertinente y, más aún, necesaria[13].

La base de los movimientos memorialistas es, efectivamente, de carácter social, esto es: emana esencialmente de víctimas y familiares de éstas que, de modo espontáneo y autónomo, emprendieron desde finales del siglo XX la creación de asociaciones mediante las que articulan sus demandas de justicia, reparación y verdad. Su origen -precisa Carlos Barros- está en Buenos Aires, cuando la Asociación Civil de las Abuelas de la Plaza de Mayo iniciaron en 1977 sus acciones colectivas con un triple objetivo: localizar y devolver a sus familias los niños secuestrados durante la dictadura militar en Argentina tras el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, prevenir la reedición de esas desapariciones y reclamar el correspondiente castigo para sus responsables[14]. Argentina marcaba así el inicio de una línea de acción colectiva que, caracterizada por ser eminentemente ciudadanas y por actuar sin apoyo -al menos en su origen- de siglas políticas o sindicales, ha ejercido un enorme influjo en las movilizaciones llevadas a cabo en otros países de América Latina y Europa en favor de la recuperación de la memoria histórica[15]. De clara inspiración en esa línea de acción es el caso de España, en donde la sociedad civil ha tenido un papel fundamental a partir de la iniciativa de Emilio Silva de promover en el año 2000 la exhumación de una fosa común en Priaranza del Bierzo (León). Aquel hallazgo (con los cuerpos de 13 personas asesinadas durante la Guerra Civil de 1936, entre quienes se encontraba un familiar de Emilio Silva) fue el detonante para que se empezaran a desplegar en España distintas iniciativas y organizaciones cívicas promovidas por familiares y académicos con el propósito conseguir justicia, reparación y verdad en relación a hechos represivos y violentos desarrollados durante la guerra de 1936 y la dictadura de Franco.

De base social, los movimientos memorialistas han interpelado, directa o indirectamente, a distintos agentes sociales a efectos de encontrar respuesta a sus tres demandas esenciales[16]. Por una parte, se han dirigido expresamente a jueces y a políticos para recibir, en lo fundamental, justicia y reparación. No en vano, los referentes elementales de dichos movimientos son de carácter jurídico-político y se ubican -como destaca Carlos Barros- en el contexto de finales de la II Guerra Mundial, cuando los aliados emprendieron los Juicios de Nüremberg de 1945 a los nazis responsables del Holocausto[17]. Aquellos juicios supusieron el punto de partida de las Convenciones de Ginebra de 1949, es decir, del desarrollo del derecho internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra (comprendiendo la protección de civiles, prisioneros y heridos de guerras y conflictos armados); derecho internacional que, a su vez, constituye el fundamento legislativo en el que se apoyan las demandas de distintos movimientos memorialistas tras las primeras de legislaciones contra el negacionismo del Holocausto. Ambos aspectos, el reconocimiento y la tipificación en el seno de las Naciones Unidas de crímenes de lesa humanidad (no susceptibles de ser amnistiados e imprescriptibles, a diferencia de los crímenes de guerra) y el despliegue de legislaciones nacionales que penalizaban el negacionismo del Holocausto, supusieron efectivamente un poderoso estímulo para que diferentes movimientos memorialistas reclamaran para sí la consideración de víctimas de crímenes de lesa humanidad y el consiguiente reconocimiento, en materia de políticas de memoria, por parte de las administraciones públicas. Con todo, habría no obstante que esperar varias décadas después de 1945 para que esos procesos de consideración y reconocimiento público empezaran a apreciarse. No sería hasta los años ochenta, tras la fase de “amnesia colectiva” en relación al genocidio nazi -el también denominado como “tiempo de la vergüenza”- cuando el Holocausto empezara a ocupar la centralidad de la identidad y de la memoria europea[18], al tiempo que la extensión de la noción de crimen contra la humanidad se empezara a convertir en la fuente jurídica reclamada por otras causas memoriales a efectos de atención por los actores públicos[19].

El caso de Francia es representativo de esa evolución memorialista, suponiendo, no sin controversias, una clara apuesta por la promoción de una vía de reconocimiento legislativo de víctimas de distintas causas memoriales jalonada por tres acontecimientos. En primer lugar, por los juicios que se desarrollaron en los años ochenta contra acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la ocupación nazi de Francia. Es el caso de Paul Touvier, antiguo funcionario colaboracionista del régimen de Vichy: tras distintas evasiones de la justicia desde 1945 y tras el indulto de Georges Pompidou en 1971, la reacción de víctimas consigue la reapertura del caso el 27 de noviembre de 1981, aunque no será hasta 1989 cuando sea finalmente arrestado y en 1994 juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad. Es también el caso de Maurice Papon quien, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, consigue incluso ocupar distintos cargos políticos haciéndose pasar por gaullista. Pese a ello, la publicación en Le canard enchainé en 1981 de un artículo con documentos que demostraban su participación en el Holocausto desencadenó la denuncia de víctimas, siendo inculpado en enero de 1983 y condenado en 1998 por crímenes contra la humanidad: su firma estaba tras la deportación de más de 1.600 judíos a campos de exterminio. Es, asimismo, el caso de Klaus Barbie Altmann, comandante de la Gestapo, condenado el 4 de julio de 1987 en Lyon (tras un proceso que se prolongó seis meses) por crímenes contra la humanidad que incluían torturas, asesinatos y deportaciones de civiles a campos de concentración durante la ocupación nazi de Francia[20]. En segundo lugar, tras el impacto en la opinión pública de lo que esas revelaciones y esos juicios iniciados en los años ochenta pusieron de manifiesto, cabe destacar la promulgación de la Ley Gayssot el 13 de julio de 1990; ley que, “tendente a reprimir todo acto racista, antisemita o xenófobo”, contempla la prohibición de “toda discriminación fundada en la pertenencia o no pertenencia a una etnia, una nación, una raza o una religión” y castiga con pena de cárcel a toda persona que exprese negacionismo o dudas sobre el exterminio judío[21]. Francia seguía, de este modo, lo que Carlos Barros denomina como el modelo memorialista alemán de leyes aprobadas por un Estado democrático[22]. Un modelo que, en tercer lugar, tendría continuidad a partir del siglo XXI con la promulgación de dos leyes añadidas: la “Ley relativa al reconocimiento del genocidio armenio de 1915”, aprobada el 29 de enero de 2001[23], y la Ley Taubira del 23 de mayo de 2001 que supuso el reconocimiento de la trata de esclavos y de la esclavitud como crimen contra la humanidad[24].

Nada de esa evolución es, sin embargo, equiparable con los casos de Argentina o España, caracterizados por un elevado protagonismo de la sociedad civil en la acción colectiva memorialista y por una menor iniciativa político-legislativa, de hecho en tales casos se carece de leyes punitivas que coarten la libertad de expresión. En Argentina la Asociación Civil de las Abuelas de la Plaza de Mayo no empezó a recibir apoyo legal y político hasta 2003, casi cuatro décadas después del inicio de sus movilizaciones[25]. En España, el movimiento social memorialista solo ha sido “respaldado de manera escasa, débil y transitoria, por el primer Gobierno de Zapatero (2004-2008) y las Comunidades Autónomas no gobernadas por el Partido Popular”. La tentativa de reconocimiento a las víctimas que supuso la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007 bajo el gobierno del PSOE[26] -legislación calificada por las asociaciones memorialistas como tibia e incompleta-, pese a estar vigente en la actualidad, carece de dotación presupuestaria para su aplicación desde la llegada al poder del Partido Popular en 2011 y, en esa medida, se encuentra derogada en la práctica. Junto a esa falta de aplicación por parte del gobierno del Partido Popular de la medida legislativa vigente, otro hecho pone de manifiesto las dificultades que tiene el movimiento memorialista para alcanzar sus objetivos: el procesamiento, entre 2011 y 2012, del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por tratar de dar respuesta a las demandas de asociaciones de víctimas del franquismo e intentar investigar -con el respaldo del Derecho Internacional sancionado por la ONU- los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura en España[27].

Conforme a sus tres reivindicaciones esenciales, los movimientos sociales en defensa de la memoria de las víctimas han, efectivamente, acudido -aunque con desigual resultado en función de los países- a jueces y a políticos. Esa presión ciudadana en contextos democráticos ha conducido en ocasiones a la elaboración de legislaciones y políticas públicas tendentes a considerar, en mayor o menor medida, según los casos, los principios de justicia, reparación y verdad desarrollados en el seno de la Naciones Unidas acerca del tratamiento a las víctimas de violencias colectivas. Ahora bien, asimismo conforme a sus reivindicaciones fundamentales, los movimientos memorialistas también han interpelado a los historiadores para que incorporen, no ya su movimiento social, sino sobre todo sus testimonios a efectos del esclarecimiento de la verdad histórica[28]. Fue así como en España -al igual que en Argentina- el movimiento social memorialista se convirtió en movimiento académico, desde el momento en que aquel empezó a ser secundado por historiadores[29]. Primero despertó el interés de profesores de enseñanza media; a continuación, de docentes universitarios, en esencia arqueólogos, antropólogos e historiadores, junto a periodistas, médicos forenses y documentalistas[30]. Unos y otros, han hecho necesariamente uso de fuentes orales dado que se trata de acontecimientos ubicados en contextos represivos, han colaborado en labores de localización de fosas comunes y, en definitiva, han contribuido, mediante sus investigaciones, a poner de relieve en la esfera pública hechos tergiversados, poco conocidos o ignorados que permiten precisar o reescribir, según los casos, las dimensiones de la tragedia, así como, más ampliamente, algunas de las conclusiones consensuadas acerca de la represión. Es en este marco en el que cabe destacar el particular énfasis que Ángel Viñas pone en la denuncia de lo que denomina “distorsiones” que contienen las interpretaciones difundidas y dadas por válidas en torno a la Guerra Civil y la dictadura de Franco desde sus inicios[31]. Frente a la “mitología a la que la dictadura franquista sometió a la historiografía contemporánea española”, frente al “escamoteo y falsificación de la historia, cuya proyección llega hasta hoy”, destaca la necesidad de que los historiadores, a efectos del esclarecimiento de los hechos, aborden el pasado de forma renovada y hagan uso de nuevos recursos y procedimientos de análisis, incluyendo la consulta de nuevos archivos españoles y extranjeros así como la atención por la memoria histórica de quienes sufrieron la violencia durante ese periodo[32].

Decididamente, para Historia a Debate es necesario “desenmascarar la mitología sobre la guerra y la dictadura” de la que habla Ángel Viñas; y ello pasa porque el historiador atienda la memoria colectiva de las víctimas de ese pasado traumático. Es aquí donde cobran valor los testimonios de esas víctimas, sus memorias. Y es aquí donde las sinergias entre movimientos ciudadanos e historiadores no solo son pertinentes sino necesarias. Historia a Debate entiende que los historiadores no pueden permanecer pasivos ante los testimonios de los supervivientes y familiares de quienes sufrieron acontecimientos de violencia colectiva; y ello por dos razones esenciales. En primer lugar por una elemental deontología profesional que les obliga a tratar de esclarecer la verdad histórica. Es, a ese  respecto, que se propone superar paradigmas positivistas de origen decimonónico que no dan respuesta a los renovados horizontes teóricos y metodológicos del análisis científico de la historia. Paradigmas que, remitiéndose a la idea de que la objetividad está en los historiadores y la imparcialidad en sus recursos y procedimientos tradicionales de análisis, subestiman, o abiertamente desestiman por “contaminación” ideológica o, más ampliamente, afectiva, las aportaciones a la historia de los testimonios de los protagonistas. En consonancia con los planteamientos del Manifiesto de Historia a Debate de 2001, frente a esos paradigmas se considera necesaria “una nueva erudición que amplíe el concepto de fuente histórica” y tome en consideración las fuentes orales[33]. Nueva erudición en donde la dicotomía entre “historia objetiva” y “memoria subjetiva” es, sencillamente, estéril. Nueva erudición, en suma, en donde, partiendo de que la historia es una ciencia en la que intervienen el sujeto historiográfico y el social, “la objetividad implica incluir todas las voces subjetivas” y la verdad histórica pasa por incorporar en el análisis histórico las distintas subjetividades que intervienen en la historia: las del agente historiográfico y también las del agente social, en este caso sus memorias[34].

Dicho esto, los historiadores no pueden permanecer pasivos ante los testimonios de las víctimas, no solo por una deontología profesional que, en la búsqueda de la verdad histórica, obliga a no discriminar nada del pasado y, en esa medida, a considerar las voces de esos protagonistas: ingredientes en ocasiones fundamentales para reconstruir la realidad de los hechos[35], sino además, en segundo lugar, por compromiso con la defensa de los derechos humanos. En este punto, Historia a Debate propone asimismo superar los paradigmas positivistas que tampoco dan respuesta a los nuevos escenarios y exigencias sociales del siglo XXI. Es aquí donde se considera que las sinergias entre movimientos ciudadanos e historiadores son particularmente necesarias.

3. LA HISTORIA ES TAMBIÉN LA MORAL: POR UNA HISTORIOGRAFÍA COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Decididamente, para Historia a Debate la memoria de las víctimas integra la historia y, en esa medida, los historiadores no pueden permanecer al margen de ella en su análisis del pasado. Esa memoria compete al análisis científico de los historiadores no solo -como se ha señalado- conforme a la elemental obligación de todo historiador: la búsqueda de la verdad histórica, lo cual pasa por incorporar los testimonios de víctimas a quienes se les ha privado de voz en contextos represivos, sino también por razones éticas y sociales; un aspecto que remite a la controversia historiográfica acerca de la función de la historia y la trascendencia de su relato en las sociedades del presente. Carlos Barros planteaba el debate en cuestión a través de una concatenación de interrogantes: “¿Cómo se defiende mejor la profesión de historiador en el siglo XXI? ¿Apoyando y colaborando en las investigaciones de los sujetos sociales sobre los desastres de la memoria histórica, ayudando a clarificar y reparar los daños de las dictaduras, o ignorando estos movimientos sociales por la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de las víctimas, y combatiendo que estos sujetos tengan el derecho de dar su opinión sobre la memoria?” [36].

Es fácil advertir que se trata de una pregunta retórica, cuya respuesta apunta a una máxima esencial: no se entiende la historia sin una utilidad científica, pero tampoco sin una utilidad ética y social, esto es: sin poner la labor científica del historiador al servicio de unos valores éticos y sociales. En otras palabras: ni la utilidad de la historia se limita al conocimiento, sin más, del pasado, ni la responsabilidad del historiador se reduce a velar por la veracidad de las fuentes que maneja o por el seguimiento de un protocolo científico en sus investigaciones. A esa utilidad y responsabilidad básicas, Historia a Debate considera que hay que añadir la función y la responsabilidad éticas y sociales de la historia y del historiador respectivamente en relación a los movimientos memorialistas en particular y a la sociedad en su conjunto. Entendiendo la historia como disciplina científica que, más allá de preocuparse por el conocimiento erudito del pasado, debe dar respuesta a las permanentemente renovadas preguntas y necesidades de las sociedades del presente, la responsabilidad ética y social de los historiadores es, efectivamente, doble. Primero, respecto a los movimientos memorialistas que les interpelan: la responsabilidad de contribuir, mediante la incorporación de los testimonios de protagonistas, al esclarecimiento de la verdad histórica y a la reparación de la memoria de las víctimas del pasado. Segundo, respecto a la sociedad en su conjunto: la responsabilidad de contribuir, mediante la puesta de relieve y el análisis de acontecimientos históricos ocultos o tergiversados, no solo a reparar errores del pasado sino, más aún, a no reeditarlos en el presente. En palabras de Carlos Barros “el historiador avanzado, que ve más allá del positivismo, investiga tanto lo peor como lo mejor del pasado, lo primero para que no se repita, lo segundo para que sirva de ejemplo, a fin de, en ambos casos, contribuir deontológicamente a un presente y a un futuro mejores, mostrando así la utilidad pública de la historia académica”[37].

Conforme a la convicción de que es en esa ambivalente contribución donde reside la utilidad esencial de la historia y, en particular, de la aproximación analítica a la memoria, la reivindicación de esa doble responsabilidad ético-social del historiador (en relación a la memoria de las víctimas y a la sociedad en su conjunto) es entendida, simultáneamente, como la reivindicación de un compromiso. Es aquí donde Historia a Debate considera particularmente relevantes las sinergias entre el historiador y el movimiento social memorialista, del mismo modo en que considera que la utilidad científica de la historia debe ir acompañada de su utilidad ético-social. Ese compromiso ético y social del historiador lo es, por una parte, en relación a las víctimas y entiende que se inicia desde la toma en consideración de la memoria como fuente de análisis del pasado -“el respeto a la verdad documentada [es] la primera piedra de una historiografía de valores”-, incluyendo, para una parte de los historiadores, el sostenimiento “con su trabajo profesional, en la docencia, la reflexión historiográfica y la investigación, al movimiento familiar y social de la recuperación de la memoria histórica”[38]. Se trata, de hecho, de la modalidad elemental mediante la que el movimiento académico integra el movimiento social memorialista, esto es, mediante la que ambos vectores interactúan. Pero la reivindicación del compromiso ético y social del historiador va más allá, extendiéndose a la defensa de los derechos humanos, no ya en relación a acontecimientos del pasado, sino también del presente. Y ello, en tanto que la puesta de relieve y el análisis de las violaciones de los derechos humanos en el pasado -trasunto de las investigaciones que toman en consideración la memoria histórica- se conciben como iniciativas susceptibles de contribuir a evitar la conculcación de los derechos humanos en la historia inmediata.

La reivindicación que Historia a Debate hace del compromiso ético y social del historiador con la memoria de las víctimas integra, así pues, una más amplia reivindicación: la del compromiso del historiador con la defensa de los derechos humanos y, por derivación, de los valores de la democracia. Compromisos estos últimos que, pese a su generalizada asunción en contextos políticos democráticos, no dejan de suscitar controversias y, más aún, tensiones entre parte de la ciudadanía, de las instancias políticas y del colectivo académico cuando se trata de aplicarlos al esclarecimiento de violencias colectivas del pasado. Cabe volver, a este respecto, sobre una idea destacada en páginas precedentes: toda evocación de un pasado violento en la historia (cabe decir toda evocación del pasado, a secas) contiene, en mayor o menor medida, una dimensión política y, en consecuencia, le es inherente la polémica, el conflicto en ocasiones, particularmente cuando ese pasado se aproxima más al tiempo presente. Fenómeno de alcance internacional, difícilmente encontramos a ambos extremos del Atlántico un país que, en mayor o menor grado, con distinto carácter y ritmo, no experimente en la actualidad conflictos ligados a la memoria de violencias colectivas. Desde los casos que atañen a países de Europa del Este (en torno a la memoria del estalinismo) hasta los que afectan a América Latina (memoria de las diferentes dictaduras o de diversos conflictos armados), pasando por Francia (memoria del colaboracionismo y de la colonización) o por Turquía (memoria del genocidio armenio de 1915), existe una variada paleta de ejemplos reveladores de tensiones, en algunos casos “guerras de memoria”, conflictos entre discursos hegemónicos y contra-hegemónicos con trascendencia, habitualmente, en procesos de construcción identitaria de unidades nacionales[39]. Polémicas, en todo caso, que emanan de la esencial dimensión política de la memoria. Ese visible componente político constituye, de hecho, una de las razones por las que historiadores alineados con paradigmas positivistas, quienes distinguen una historia “objetiva” o, por así decirlo, “de guante blanco” y una memoria subjetiva que tergiversa o “contamina” con afectos ideológicos “lo que realmente aconteció”, rechacen o se muestren reticentes tanto a considerar la memoria como a abordar la historia inmediata. Ello argumentando la falta de perspectiva histórica y, al parecer, obviando que tal perspectiva no evita que la narración y análisis del pasado carezca de componente ideológico.

El relato y análisis de la historia es selectivo -razón por la que lo que lo que se narra cuenta tanto como lo que se omite de la narración- y en ese sentido ha sido -en particular desde el inicio de la edad contemporánea- un habitual instrumento para la construcción de identidades colectivas, para la cohesión de individuos en torno a los valores que representa el poder político, para evitar disensiones al respecto, para legitimar y facilitar, en suma, el ejercicio de la autoridad. De ahí que toda comunidad con un cierto grado de organización gubernamental desarrolle algún tipo de política en relación a su pasado[40]. Y de ahí también que, especialmente donde se han vivido violencias colectivas, se genere una memoria hegemónica (que opone enormes resistencias a su desaparición), pero también emerjan -en contextos democráticos- memorias contra-hegemónicas como una modalidad del debate y del conflicto político, con una dimensión política por tanto. En esencia, lo decisivo no es propagar mediante el relato y análisis de la historia: acto que, se quiera o no, en mayor o en menor grado, afecta a todos los profesionales de la historia. Lo decisivo, a este respecto, es determinar qué es lo que se propaga, si lo que se propaga tiene o no base documental y si, particularmente en el caso que nos ocupa, tiene o no una finalidad ética, es decir, si se pone o no al servicio de la justicia, del respeto a los derechos humanos y de la paz en el presente.

Historia a Debate aborda estas controversias, que afectan a parte de la ciudadanía y de la historiografía, desde el convencimiento no solo de que los testimonios de las víctimas son fuentes relevantes y necesarias para el conocimiento y análisis de los acontecimientos luctuosos del pasado (en ocasiones son, de hecho, las únicas fuentes para conocer y analizar esos acontecimientos por no existir o permanecer ocultos otros documentos) sino, más aún, desde la certidumbre de que no hay plena democracia mientras no se ofrezcan respuestas a esos interrogantes de la historia ligados a las demandas de justicia, reparación y verdad que formulan las organizaciones cívicas en relación a las víctimas de violencias colectivas[41]. A este respecto, para Historia a Debate el caso español es paradigmático de transiciones incompletas a la democracia. Considera que de ello es revelador no solo el papel marginal que la memoria ha tenido durante su transición a la democracia sino, más aún, las poderosas resistencias que una parte de los responsables políticos y de los medios de comunicación siguen mostrando al reconocimiento de las víctimas, de sus testimonios y, por extensión, al reconocimiento de los atentados contra los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil, la dictadura de Franco y los primeros años de la transición a la democracia en España.

Contrastando con la opinión de historiadores como Santos Juliá, para quien la transición se llevó a cabo teniendo en consideración el recuerdo de las tragedias recientes de la historia de España, Historia a Debate se adhiere, así pues, a la interpretación compartida, entre otros investigadores, por Francisco Espinosa, para quien la transición se edificó sobre una “amnesia inducida”, con el resultado de una memoria (o desmemoria) de consenso que establecía una falsa equidistancia de responsabilidades entre vencedores y vencidos[42]. La Ley de Amnistía promulgada en España el 15 de octubre de 1977, que incluía a presos políticos del franquismo pero que se amplía a crímenes cometidos por el régimen dictatorial de Franco y hasta el inicio de la transición[43], es interpretada como un “pacto de silencio” consistente en amnistiar a presos antifranquistas a cambio del olvido y la renuncia a juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista o por individuos afines a él. Carlos Barros es explícito al respecto: “la Ley de Amnistía de 1977, pensada para presos políticos franquistas, fue aprovechada para garantizar la inmunidad de represores, del ejército o de la policía”[44]. Con todo, el discurso hegemónico desplegado durante las primeras décadas de la democracia parlamentaria acerca del pasado reciente de España, con el argumento de evitar “frentismos”, idealizó el “consenso de la transición” española al tiempo que omitía la exhumación de las violencias colectivas cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura.

La evidencia, no obstante, de que ese pasado traumático no estaba resuelto para la ciudadanía empezó a ser cada vez más perceptible a principios del siglo XXI cuando, tras las primeras exhumaciones de cadáveres en la fosa común de Priaranza del Bierzo en el año 2000 y el consecuente y gradual desarrollo de organizaciones cívicas en favor de la recuperación de la memoria histórica, se produce -coincidiendo con la segunda legislatura del gobierno del Partido Popular de José María Aznar (2000-2004)- “el relanzamiento y actualización de la historiografía franquista como parte substancial del auge del pensamiento ultraconservador en España”[45]; pensamiento en algunos casos abiertamente filofascista que ha minimizado, banalizado e incluso legitimado la represión franquista, mientras ha menospreciado o despreciado la acción y las demandas de los movimientos memorialistas. La postura extrema que en ese sentido han manifestado autores como Pío Moa o César Vidal, o el edulcoramiento que de Franco se realiza en el Diccionario Biográfico Español (publicado en 2011 con el patrocinio de la Real Academia de la Historia) al calificar su régimen como “autoritario” y no como dictadura, no son las únicas evidencias destacadas al respecto por Carlos Barros. A ello se añade la acción del Gobierno del Partido Popular que, desde el inicio de la legislatura de Mariano Rajoy a finales del 2011, ha ido encaminada al boicoteo de la vigente Ley de Memoria Histórica y, por extensión, de cualquier política pública de apoyo a las iniciativas por el reconocimiento de la memoria de las víctimas del franquismo. Con todo, la persistente oposición de dirigentes y diputados del Partido Popular a considerar los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad, así como el rechazo que siguen mostrando a condenar el franquismo y a apoyar las demandas de los movimientos memorialistas, constituyen fenómenos sintomáticos de que la dictadura franquista no ha alcanzado en el conjunto de partidos políticos en España el carácter de referente negativo sobre el que extraer lecciones cívicas y construir una cultura democrática[46].

En contextos diferentes como es el caso de Francia, que cuenta con una dilatada trayectoria histórica en la defensa de los valores democráticos en tanto que referentes positivos para la ciudadanía (incluyendo la asunción de los juicios y condenas a culpables de crímenes contra la humanidad, tales como los ya citados casos de Paul Touvier, Maurice Papon o Klaus Barbie), se advierten mayores avances en la resolución de sus conflictos con el pasado en tanto que se ha procedido a un gradual reconocimiento público de distintas causas memoriales. Reconocimiento mediante el que se ha operado la evolución de un “régimen memorialista de Unidad Nacional” (orientado a la exaltación de los héroes de la resistencia) a lo que Johann Michel denomina “régimen victimo-memorialista” basado en una concepción plural de la memoria y cuya fuente jurídica no es otra que la noción de crimen contra la humanidad[47]. No obstante, la vía adoptada en Francia, el reforzamiento y la diversificación -como ya se ha indicado aquí- de una legislación que considera crímenes de lesa humanidad el Holocausto, el genocidio armenio o la trata de esclavos y la esclavitud; una legislación que prohíbe “toda discriminación fundada en la pertenencia o no pertenencia a una etnia, una nación, una raza o una religión” y que condena la apología, negación o banalización, primero del Holocausto, años más tarde del genocidio armenio[48], no ha estado exenta de polémica en el ámbito de la historiografía. Representativa, al respecto, es la fundación en 2005 de Liberté pour l’Histoire: asociación promovida por Pierre Nora con una manifiesta oposición a las leyes memoriales por entender que éstas coartan, en el historiador, la libertad de investigación y la puesta en duda de esos genocidios[49].

Desde el respeto a los principios democráticos, Historia a Debate reivindica, a ese respecto, la tolerancia: “rechazamos cualquier norma legal que coarte la libertad de expresión y de investigación histórica”, pero mantiene que “la historia académica ha de ser moral y nuestro oficio sujeto a una deontología profesional”, señalando sobre ese particular que “si bien las decisiones académicas e historiográficas no tienen el mismo alcance que las políticas y judiciales, el historiador cabal, serio, ha de hacerse siempre responsable de las consecuencias -sobre todo colectivas- de sus interpretaciones y posiciones en nombre de los historiadores sobre temas de actualidad social o política”[50]. No se trata, por consiguiente, de silenciar o enjuiciar a historiadores: ni a quienes  investigan crímenes contra la humanidad cometidos, entre otros contextos, durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco (como le ocurrió a Dionisio Pereira por publicar el nombre de un represor), ni a quienes disienten de que tales crímenes se llevaran a cabo, como fue el caso de Olivier Pétré-Grenouilleau en Francia por sostener que el tráfico de esclavos no podía considerarse un crimen contra la humanidad[51]. Se trata de defender junto, al conocimiento de la verdad histórica, la incorporación de la ética en la labor profesional de los historiadores y de promover, mediante la historia, la defensa de la justicia, de los derechos humanos y de la paz, esto es, de los valores democráticos. Ante las consignas expuestas por Pierre Nora en la carta, publicada en un diario francés el 13 de diciembre de 2005, que fue el punto de partida de la asociación Liberté pour l’histoire: “la historia no es la memoria”, “la historia no es la moral”[52], Historia a Debate defiende una, aunque sutil, trascendental diferencia. La historia no es, efectivamente, la moral, pero también es la moral; no es la memoria, pero también es la memoria. No se trata de un simple juego de palabras. Historia y memoria integran así el mismo combate.

[1] BARROS Carlos; Historia de la memoria, memoria de la historia, conferencia impartida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México D.F., 5 de diciembre de 2011 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=euRNzJOHMcI

[2] Véase, particularmente, “Ciencia con sujeto”, “Nueva erudición”, “Fines de la historia” y “Compromiso», en Manifiesto de Historia a Debate, puntos I, II, XIV y XVI, 11 de septiembre de 2001. Texto disponible en línea: http://www.h-debate.com

[3] En el “III Congreso Internacional de Historia a Debate”, celebrado entre los días 14 y 18 de julio de 2004 en Santiago de Compostela, se precisó la sección “Memoria histórica activa”, cuyo objetivo era abordar “teorías, debates y resultados de la recuperación reciente de la memoria histórica como investigación participante y comprometida en América Latina, España y otros lugares”. Dicha sección contó con la participación de Josefina Cuesta, Emilio Silva, José Mª Pedreño, Justino Magalhãe o Francisco J. Dosil. Véase http://www.h-debate.com/congresos/3/temario/menu.htm En el “IV Congreso Internacional de Historia a Debate”, celebrado entre los días 15 y 19 de diciembre de 2010 también en Santiago de Compostela, junto a otras ponencias que abordaron la memoria histórica, se dedicó una mesa redonda que, con el título “Historiadores y memoria histórica”, contó con la participación de Francisco Espinosa Maestre, Dionisio Pereira Hilari Raguer y Lourenzo Fernández Prieto. Pedro Ruiz Torres, Fernando Rosas, Miriam Hernández Reyna, Ángel Viñas, Juan Gandulfo, María Chiara Bianchini, Antoon de Baets. Véase http://www.h-debate.com

[4] BARROS, Carlos; “El historiador y la memoria”, conferencia impartida en las II Jornadas Internacionales sobre Memoria y Comunicación: las políticas de memoria histórica en Europa, Universidad de Sevilla, 28 de noviembre de 2016. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QaMQSdWdKJo

[5] Véase “Ciencia como sujeto”, en Manifiesto de Historia a Debate, punto I, 11 de septiembre de 2001. Texto disponible en línea: http://www.h-debate.com

[6] “Ni la historia objetivista de Ranke, ni la historia subjetivista de la posmodernidad: una ciencia con sujeto humano que descubre el pasado conforme lo construye. […] Ha llegado la hora de que la historia ponga al día su concepto de ciencia, abandonando el objetivismo ingenuo heredado del positivismo del siglo XIX, sin caer en el radical subjetivismo resucitado por la corriente posmoderna a finales del siglo XX. La creciente confluencia entre las «dos culturas», científica y humanística, facilitará en el siglo que comienza la doble redefinición de la historia, como ciencia social y como parte de las humanidades, que necesitamos”. Véase “Ciencia como sujeto”, en Manifiesto de Historia a Debate, punto I, 11 de septiembre de 2001. Texto disponible en línea: http://www.h-debate.com

[7] BARROS, Carlos; “El historiador y la memoria”, conferencia impartida en las II Jornadas Internacionales sobre Memoria y Comunicación: las políticas de memoria histórica en Europa, Universidad de Sevilla, 28 de noviembre de 2016. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QaMQSdWdKJo

[8] BARROS, Carlos; “Historia, memoria y franquismo”, en Historia Actual Online, nº 33, 2014, p. 154.

[9] NORA, Pierre; “Entre mémoire et histoire”, en NORA, Pierre (Dir.); Les lieux de la mémoire, tome I: La République, Ed. Gallimard, Paris, 1984, p. XIX. Ese divorcio entre ambos conceptos ya se advierte en NORA, Pierre; “Mémoire collective”, en LE GOFF, Jacques, CHARTIER, Roger y REVEL, Jacques (Dirs.); La nouvelles histoire, Retz-CEPL, Paris, 1978, pp. 398-401.

[10] Dentro de esa dicotomía, para Maurice Halbwachs la historia se ubica en la “distancia” que aporta lo teórico frente a lo vivido, “encarnando un saber abstracto indispensable para restituir un pasado fuera de la dimensión de lo vivido”. Véase DOSSE, François; “Entre histoire et memoire: une histoire sociale de la memoire”, en Raison présente, nº 128, septembre 1998, p. 5. En palabras de Maurice Halbwachs, “en esa distinción, la historia no comienza salvo en el punto en el que se apaga o descompone la memoria social”. HALBWACHS, Maurice; La mémoire collective, Albin Michel, Paris, 1997, p. 130.

[11] JULIÁ, Santos; “De nuestras memorias y de nuestras miserias”, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 7, 2007, pp. 785 y 788 respectivamente.

[12] BARROS, Carlos; “Historia de la memoria, memoria de la historia”, conferencia impartida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. México D.F., 5 de diciembre de 2011. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=euRNzJOHMcI

[13] BARROS, Carlos, “La memoria histórica en España”, conferencia impartida en el Primer Seminario Internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados, Proyecto Archivo Oral de Memoria de Víctimas del conflicto armado interno colombiano (AMOVI), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2 de septiembre de 2015. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=v_ZshWJkfz4

[14] Véase BARROS, Carlos; “Historia, memoria y franquismo”, en Historia Actual Online, nº 33, 2014, p. 154.

[15] BARROS, Carlos, “La memoria histórica en España”, conferencia impartida en el Primer Seminario Internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados, Proyecto Archivo Oral de Memoria de Víctimas del conflicto armado interno colombiano (AMOVI), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2 de septiembre de 2015. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=v_ZshWJkfz4

[16] BARROS, Carlos; “Historia de la memoria, memoria de la historia”, conferencia impartida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. México D.F., 5 de diciembre de 2011. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=euRNzJOHMcI

[17] Véase BARROS, Carlos; “Historia, memoria y franquismo”, en Historia Actual Online, nº 33, 2014, p. 154. Asimismo, BARROS, Carlos, “La memoria histórica en España”, conferencia impartida en el Primer Seminario Internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados, Proyecto Archivo Oral de Memoria de Víctimas del conflicto armado interno colombiano (AMOVI), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2 de septiembre de 2015. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=v_ZshWJkfz4; BARROS Carlos; “Historia de la memoria, memoria de la historia”, conferencia impartida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. México D.F., 5 de diciembre de 2011. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=euRNzJOHMcI

[18] Para Jean-Michel Chaumont, de 1945 a 1967 hubo en Europa un “tiempo de la vergüenza” caracterizado por focalizar el recuerdo en honrar la resistencia sin mención al Holocausto. A partir de los años setenta el proceso es a la inversa: es lo que denomina “tiempo de la glorificación” de los rescatados del Holocausto. Véase CHAUMONT, Jean-Michel; La concurrence des victimes, génocide, identité, reconnaissance, Paris, La Découverte, 1997, p. 93. Asimismo GENSBURGER, Sarah y LAVABRE, Marie-Claire; “Entre devoir de mémoire et abus de mémoire: la sociologie de la mémoire comme tierce position”, en MÜLLER, Bertrand; Histoire, mémoire et épistemologie. A propos de Paul Ricoeur, Ed. Payot, Lausanne, 2005, p. 80. En ello también coinciden Eva-Clarita Onken y Emmanuelle Droit. ambos consideran que tras 1945 se instala en las sociedades europeas de países como Francia, Bélgica o Italia, el mito histórico de la resistencia nacional; consenso que, desde los años setenta, se empezará a fracturar, al tiempo que la memoria del Holocausto supera el marco restringido de las comunidades judías. DROIT, Emmanuel; “Le Goulag contre la Shoah. Mémoires officielles et cultures mémorielles dans l’Europe élargie”, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, nº 94, 2007, pp. 103-104. ONKEN, Eva-Clarita; “The Baltic States and Moscow’s 9 May commemoration: analysing memory politics” in Europe Europe-Asia Studies, vol. 59, nº 1, 2007, p. 31. No obstante, la memoria del Holocausto no entrará verdaderamente en la memoria oficial en países como Francia hasta los años 1990. Es, en este sentido en el que Tony Judt considera que a finales del siglo XX parecía asegurada la centralidad del Holocausto en la identidad y la memoria de la Europa occidental. JUDT, Tony; Postwar. A History of Europe since 1945, Ed. The Penguin Press, New York, 2005, p. 820.

[19] MICHEL, Johann; Gouverner les mémoires, Les politiques mémorielles en France, Paris, PUF, 2010, p. 169.

[20] Sobre estos procesos, véase JEAN, Jean-Paul y SALAS, Denis; Barbie, Touvier, Papon. Des procès pour la mémoire, Collection Mémoires, nº 83, Ed. Autrement, Paris, 2002.

[21] “Loi nº 90-615 du 13 juillet 1990”, en Journal Officiel (JO), nº 0162 du 14 juillet 1990, p. 8333. Las citas corresponden, respectivamente, al enunciado de la Ley y a su Artículo 1.

[22] Véase BARROS, Carlos; “Historia, memoria y franquismo”, en Historia Actual Online, nº 33, 2014, pp. 154-155.

[23] “Loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915”, en Journal Officiel (JO) nº 206 du 30 janvier 2001. Ese reconocimiento no se acompañó de inmediato de penas a quien negara el genocidio armenio. Hubo que esperar al 23 de enero de 2012 para que el Senado, tras una resolución positiva del Parlamento, aprobara la “Ley Boyer” que penalizaba la apología, negación o banalización del genocidio armenio de 1915, equiparando el castigo por ello a quien hiciera lo propio en relación al genocidio judío durante la II Guerra Mundial. De hecho, se penaliza el negacionismo a “todos los crímenes de genocidio definidos en el artículo 211-1 del código penal y reconocidos como tales por la ley francesa”. Conforme a la “Ley Boyer”, ese delito se castiga con multa de 45.000 euros y pena de prisión de un año. Véase Proposition de loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, Proposition de loi adopté le 23 janvier 2012, Sénat 229 et 269 (2011-2012); asimismo, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012.

[24] En su artículo nº 1 se precisa textualmente lo siguiente: “La República francesa reconoce que la trata transatlántica de negros en el océano Índico por una parte y la esclavitud por otra, perpetrados a partir del siglo XV en las Américas y en el Caribe, en el océano Índico y en Europa contra las poblaciones africanas, amerindias, malgaches e indias, constituyen un crimen contra la humanidad”. El artículo nº 2 determina que “Los programas escolares y los programas de investigación en historia y en ciencias humanas acordarán a la trata de negros y a la esclavitud el lugar consecuente que merecen. Será incentivada y favorecida la cooperación que permita articular los archivos escritos disponibles en Europa con las fuentes orales y los conocimientos arqueológicos acumulados en África, en las Américas, en los Caribes y en cualquier otro territorio que haya conocido la esclavitud”. “Loi nº 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité”, en Journal Officiel (JO),  nº 119 du 23 mai 2001, p. 8175.

[25] BARROS, Carlos; “El historiador y la memoria”, conferencia impartida en las II Jornadas Internacionales sobre Memoria y Comunicación: las políticas de memoria histórica en Europa, Universidad de Sevilla, 28 de noviembre de 2016. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QaMQSdWdKJo

[26] Véase “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuciones o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, en Boletín Oficial del Estado, nº 310, 27 de diciembre de 2007, pp. 53410-53416.

[27] Como destaca Carlos Barros, el 11 de febrero de 2012, tres días después de la expulsión de Garzón de la Audiencia Nacional, la ONU recordó al Gobierno de España que «España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos». Expulsado el juez Baltasar Garzón de la carrera judicial hasta 2021, la jueza María Servini se ha hecho cargo de una causa contra el franquismo. Para un más extenso desarrollo de las características y la evolución del caso español, véase BARROS, Carlos; “Historia, memoria y franquismo”, en Historia Actual Online, nº 33, 2014, pp. 155 y 161-163. Asimismo, BARROS, Carlos, “La memoria histórica en España”, conferencia impartida en el Primer Seminario Internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados, Proyecto Archivo Oral de Memoria de Víctimas del conflicto armado interno colombiano (AMOVI), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2 de septiembre de 2015. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=v_ZshWJkfz4

[28] BARROS, Carlos; “Historia de la memoria, memoria de la historia”, conferencia impartida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. México D.F., 5 de diciembre de 2011. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=euRNzJOHMcI

[29] BARROS, Carlos, “La memoria histórica en España”, conferencia impartida en el Primer Seminario Internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados, Proyecto Archivo Oral de Memoria de Víctimas del conflicto armado interno colombiano (AMOVI), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2 de septiembre de 2015. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=v_ZshWJkfz4

[30] BARROS, Carlos; “El historiador y la memoria”, conferencia impartida en las II Jornadas Internacionales sobre Memoria y Comunicación: las políticas de memoria histórica en Europa, Universidad de Sevilla, 28 de noviembre de 2016. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QaMQSdWdKJo

[31] VIÑAS, Ángel; “Recuperación de la historia y memoria histórica”, Conferencia plenaria en el IV Congreso Internacional Historia a Debate, Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2010. Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=_-9d3yyNBAw

[32] Idem.

[33] “Somos partidarios de una nueva erudición que amplíe el concepto de fuente histórica a la documentación no estatal, a los restos no escritos de tipo material, oral o iconográfico, a las no-fuentes: silencios, errores y lagunas que el historiador y la historiadora ha de valorar”. Véase “Metodología, Nueva erudición”, en Manifiesto de Historia a Debate, 11 de septiembre de 2001. Texto disponible en línea: http://www.h-debate.com

[34] BARROS, Carlos; “Historia de la memoria, memoria de la historia”, conferencia impartida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. México D.F., 5 de diciembre de 2011. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=euRNzJOHMcI

[35] BARROS, Carlos, “La memoria histórica en España”, conferencia impartida en el Primer Seminario Internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados, Proyecto Archivo Oral de Memoria de Víctimas del conflicto armado interno colombiano (AMOVI), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2 de septiembre de 2015. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=v_ZshWJkfz4

[36] BARROS, Carlos; “Historia de la memoria, memoria de la historia”, conferencia impartida en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. México D.F., 5 de diciembre de 2011. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=euRNzJOHMcI

[37] Véase BARROS, Carlos; “Historia, memoria y franquismo”, en Historia Actual Online, nº 33, 2014, p. 160.

[38] Idem., pp. 159-160.

[39] Así ocurre, por ejemplo, en países de Europa del Este en relación a la memoria de la dominación soviética. Véase CLOSA MONTERO, Carlos; “Negociating the Past: Claims for Recognition and Policies of Memory in the EU”, Working Paper, nº 8, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), CCHS-CSIC, 2010, pp. 11-19. Disponible en español: CLOSA MONTERO, Carlos; “Negociando el pasado: políticas de la memoria y reivindicaciones de reconocimiento en la Unión Europea”, en Seminario sobre las políticas de la memoria en la Unión Europea, Ed. Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico, 2010. Asimismo es el caso de la Unión Europea, entendida como entidad supranacional, en relación a las tragedias vividas en el continente durante el siglo XX y donde, particularmente tras el fracaso en 2005 del Tratado para el establecimiento de la Constitución Europea (que reveló un amplio desencanto por el proyecto europeo y, simultáneamente, una brecha entre las instituciones y la ciudadanía) se están reforzando las políticas de promoción de la memoria histórica o, dicho con más precisión, de las distintas memorias acerca de diferentes pasados traumáticos en Europa. El “Europe for Citizens Programme” de 2004 es revelador al respecto y ha tenido prolongación en el perido 2014-2020. con el Programa “Uses of the Past”. Véase Humanities in the European Research Area (HERA). Disponible: http://heranet.info Asimismo Council Regulation (EU) nº 390/2014. Disponible: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_115_R_0002&qid=1398334046443

[40] CLOSA MONTERO, Carlos; “Negociating the Past: Claims for Recognition and Policies of Memory in the EU”, Working Paper, nº 8, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), CCHS-CSIC, 2010, p. 3. Disponible: http://hdl.handle.net/10261/24430

[41] “Se exige sencillamente justicia, verdad histórica y reparación para las víctimas, de acuerdo con el derecho internacional, sin lo cual jamás existirá en España una democracia completa, real”. Véase BARROS, Carlos; “Historia, memoria y franquismo”, en Historia Actual Online, nº 33, 2014, p. 155.

[42] Respecto a esta controversia, véase JULIÁ, Santos; “De nuestras memorias y de nuestras miserias”, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 7, 2007, pp. 779 y 798  JULIÁ, Santos; “Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición”, Claves de razón práctica, nº 129, 2003, pp. 14-25. JULIÁ, Santos; “Bajo el imperio de la memoria”, Revista de Occidente, nº 302-303, 2006, pp. 7-20. ESPINOSA MAESTRE, Francisco, “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar” en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, nº 7, 2007, pp. 413-440. ESPINOSA MAESTRE, Francisco; Lucha de historias, lucha de memorias. España, 2002-2015, Ed. Aconcagua, Sevilla, 2015. ESPINOSA MAESTRE, Francisco; Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil, Ed. Critica, Barcelona, 2006, pp. 171-204. SAMPEDRO, Víctor y BAER, Alejandro; “El recuerdo como olvido y el pasado extranjero. Padres e hijos ante la memoria histórica mediatizada”, Revista de Estudios de Juventud, 2003, pp. 94-95.

[43]El texto de la Ley destaca, como comprendidos en la amnistía, entre otros “los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar”, así como “los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política”. “Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía”, Boletín Oficial del Estado, nº 248, Art. 2º, 17 de octubre de 1977, p. 22766.

[44] BARROS, Carlos, La memoria histórica en España, Conferencia inaugural de Carlos Barros del Primer Seminario Internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados, organizado por el Proyecto AMOVI de la Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia, 2 de septiembre de 2015.

[45] BARROS, Carlos; “Historia, memoria y franquismo”, en Historia Actual Online, nº 33, 2014, p. 156.

[46] BARROS, Carlos, “La memoria histórica en España”, conferencia impartida en el Primer Seminario Internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados, Proyecto Archivo Oral de Memoria de Víctimas del conflicto armado interno colombiano (AMOVI), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2 de septiembre de 2015. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=v_ZshWJkfz4 SAMPEDRO, Víctor y BAER, Alejandro; “El recuerdo como olvido y el pasado extranjero. Padres e hijos ante la memoria histórica mediatizada”, Revista de Estudios de Juventud, 2003, p. 96.

[47] MICHEL, Johann; Gouverner les mémoires, Les politiques mémorielles en France, Paris, PUF, 2010, pp. 84 y ss.

[48] Véase “Ley Gayssot” del 13 de julio de 1990 (“Loi nº 90-615 du 13 juillet 1990”, en Journal Officiel, nº 0162 du 14 juillet 1990, p. 8333), “Ley Taubira” o “Loi nº 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité”, en Journal Officiel,  nº 119 du 23 mai 2001 y “Loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915”, en Journal Officiel nº 206 du 30 janvier 2001; ley, esta última, complementada con la “Ley Boyer” que en 2012 penalizaba la apología, negación o banalización del genocidio armenio de 1915. Véase Proposition de loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, Proposition de loi adopté le 23 janvier 2012, Sénat 229 et 269 (2011-2012).

[49] La asociación Liberté pour l’histoire fue creada en 2005 al objeto de derogar lo que, los 19 historiadores que suscriben su carta fundacional el 13 de diciembre de 2005, consideran “disposiciones legislativas indignas de un régimen democrático”, es decir: la “Ley del 13 de julio de 1990 tendente a reprimir todo acto racista, antisemita o xenófobo” (Ley Gayssot), la “Ley del 29 de enero de 2001 relativa al reconocimiento del genocidio armenio de 1915”, la “Ley del 21 de mayo de 2001 tendente al reconocimiento de la esclavitud en tanto que crimen contra la humanidad” (Ley Taubira) y la “Ley del 23 de febrero de 2005 sobre los repatriados”. Véase http://www.liberation.fr/societe/2005/12/13/liberte-pour-l-histoire_541669 Asimismo, http://www.ldh-toulon.net/l-appel-des-19-historiens-Liberte.html

[50] BARROS, Carlos; “Historia, memoria y franquismo”, en Historia Actual Online, nº 33, 2014, p. 154.

[51] Carlos Barros destaca al respecto cómo “desde la transición, en democracia, [ha habido] casos de historiadores, y documentalistas históricos, perseguidos en España por investigar la verdad oculta de la historia del franquismo y divulgar sus resultados. Por no hablar del proceso (procesos, en realidad) que tuvieron lugar, entre 2010 y 2012, en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por pretender investigar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, como se hizo justamente en Francia, desde 1945 hasta hoy con los colaboracionistas y nazis”. Ejemplo de ello es el caso de Dionisio Pereira, contra quien se presentó una querella judicial por publicar, en su investigación sobre la represión franquista en Galicia, un dato extraído a partir de fuentes orales: el nombre del responsable de la represión en Cerdedo (Pontevedra), Manuel Gutiérrez Torres, jefe local de la Falange durante la Guerra Civil. Véase, BARROS, Carlos; “Historia, memoria y franquismo”, en Historia Actual Online, nº 33, 2014, pp. 155-156. En un contexto diferente como ya se ha señalado, en Francia, donde se han desarrollado desde los años noventa legislaciones punitivas contra el negacionismo, la polémica acerca de la libertad de expresión de los historiadores saltó en 2005 con el caso de Olivier Pétré-Grenouilleau, contra quien se presentó una denuncia por el Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais, por negar que el tráfico de esclavos tuviera carácter genocida. Ello fue aprovechado por Pierre Nora para crear en 2005 la asociación Liberté pour l’histoire. Véase http://www.liberation.fr/societe/2005/12/13/liberte-pour-l-histoire_541669 Asimismo, http://www.ldh-toulon.net/l-appel-des-19-historiens-Liberte.html

[52] Véase http://www.liberation.fr/societe/2005/12/13/liberte-pour-l-histoire_541669.